José Eugenio Díaz, exintendente de El Brete y exlegislador provincial, ha sido condenado a tres años de prisión en suspenso por un caso de abuso de poder. Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2004, Díaz confesó haber exigido relaciones sexuales a mujeres a cambio de planes sociales, utilizando su despacho como escenario para estas prácticas coercitivas.
La sentencia fue dictada en un juicio abreviado que se llevó a cabo con un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, lo que impidió cualquier posibilidad de revisión judicial. El vocal Ángel Andreu aclaró que no tenía la facultad de modificar la pena acordada. Además, Díaz solicitó no ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, lo cual fue aceptado.
Un proceso judicial prolongado
Las víctimas, representadas por el abogado Pablo Olmos, decidieron no oponerse al acuerdo debido al agotamiento tras un proceso penal que se extendió por más de dos décadas. Este proceso estuvo marcado por períodos de estancamiento y riesgo de prescripción. A lo largo de la investigación, Díaz se negó a someterse a evaluaciones psicológicas.
Las mujeres denunciantes relataron haber enfrentado amenazas, presiones y extorsiones dentro del edificio municipal. Una de ellas recibió una advertencia: “No hables sobre lo que sucede aquí, puedo quitarte el plan como a las otras”. Otra víctima fue invitada a un hotel para “arreglar las cosas” y así mantener el beneficio del plan social para su familia.
Una respuesta judicial insuficiente
A pesar de la gravedad de los hechos, algunas denunciantes perdieron sus beneficios sociales tras rechazar los avances del exfuncionario. La fiscal Fabiana Pochettino acordó una pena sin prisión efectiva, lo que ha generado críticas sobre la falta de proporcionalidad entre el castigo y la magnitud del abuso cometido.
Díaz ofreció una compensación económica de $3.5 millones a cada víctima en cuatro cuotas; sin embargo, muchas consideraron esta indemnización insuficiente. Su hijo, Pablo Díaz, actualmente ocupa el cargo de jefe comunal y continúa ejerciendo control político en la localidad.
Impunidad en el sistema judicial
El fallo permite que Díaz pueda postularse nuevamente para cargos públicos en el futuro, lo que ha provocado un fuerte rechazo entre la ciudadanía. Distintos sectores han cuestionado el mensaje de impunidad que emana del caso, poniendo en evidencia las debilidades del sistema penal frente a abusos perpetrados desde posiciones de poder.
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