La empresa de gestión aeroportuaria Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comunicado el cierre nocturno parcial del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta decisión, anunciada recientemente, implica la restricción del acceso a todas las terminales a partir de las 23:00, permitiendo únicamente la entrada a viajeros con billete, acompañantes y personal laboral. La medida responde al creciente número de personas sin hogar que han encontrado refugio en las instalaciones, aunque no se trata de un desalojo inmediato.
El fenómeno, que se originó en la terminal 4, ha crecido hasta abarcar todo el recinto aeroportuario. Según reportes, más de 500 personas sin hogar se alojan actualmente en el aeropuerto, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la higiene en el lugar.
Preocupaciones por la seguridad y operatividad
Aena ha enfatizado que el aeropuerto no es un espacio habitable y que su uso como refugio pone en riesgo tanto la seguridad como la operatividad de las instalaciones. En palabras de Aena: «Los aeropuertos no son espacios habitables, sino infraestructuras concebidas exclusivamente para el tránsito de pasajeros».
Por su parte, el sindicato encargado de la seguridad del aeropuerto ha señalado que se han incautado armas blancas entre las pertenencias de los sintecho. Además, han expresado su preocupación por la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades competentes, exigiendo una respuesta urgente y coordinada ante esta situación crítica.
Tensión política y responsabilidades compartidas
Aena también ha enviado un requerimiento legal al Ayuntamiento de Madrid para que asuma su responsabilidad en cuanto a la atención habitacional de las personas sin hogar. La empresa argumenta que había advertido previamente sobre el aumento de este colectivo y critica a las administraciones locales por su inacción.
Este conflicto institucional relacionado con el manejo del sinhogarismo en Barajas ha intensificado la tensión política. Mientras Aena y los sindicatos demandan medidas concretas, el Ayuntamiento acusa al Gobierno central de evadir su responsabilidad y trasladar toda la carga a nivel local.