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El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 10 días de suspensión impuesta al magistrado José Antonio Vázquez Taín por el Consejo General del Poder Judicial. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que no se demostró que su participación en la empresa Amarola Producciones, S.L. afectara su función judicial. La sentencia destaca que no se acreditó que Vázquez Taín ejerciera realmente actividades mercantiles, lo que llevó a concluir que no hubo impacto en su independencia ni en su desempeño como magistrado. Esta decisión resalta la importancia de la justificación adecuada en las sanciones disciplinarias dentro del ámbito judicial.

Once magistrados y magistradas se presentan mañana ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para optar a una plaza en la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Durante las comparecencias, expondrán su currículo y proyectos, además de tres candidatas a las presidencias de otras salas judiciales. Las sesiones serán transmitidas en vivo a través de la web oficial del Poder Judicial. Este evento es clave en el proceso de selección para fortalecer la justicia en España.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), determinando que los arrendatarios de viviendas de protección pública deben asumir los gastos de comunidad. Esta decisión se produce tras un litigio en el que inquilinos reclamaban la devolución de cuotas pagadas, argumentando que los contratos no cumplían con ciertos requisitos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, el Supremo aclaró que las normas autonómicas aplicables permiten a la EMVS repercutir el coste real de los servicios sin necesidad de especificar un importe anual en el contrato. La sentencia subraya que no hay lagunas legales que justifiquen la aplicación supletoria de la LAU en este contexto. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para el 29 de mayo, donde el Gobierno deberá detallar las medidas adoptadas en relación a mil menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Esta convocatoria sigue a un auto del 25 de marzo que exigía al Estado garantizar su acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. La Administración deberá informar sobre la evaluación individual de los menores, los recursos asignados y cualquier iniciativa para obtener recursos adicionales si fueran necesarios. La vista busca asegurar el cumplimiento de la medida cautelar bajo el principio del interés superior del menor.

El Tribunal Supremo ha confirmado la desestimación de tres demandas interpuestas por adquirentes de Certificados de Depósito de Acciones (CDAs) de Triodos Bank. Las sentencias de las Audiencias Provinciales de Girona y Teruel, que ya habían desestimado las acciones por nulidad y daños, fueron ratificadas. Los demandantes alegaban falta de información sobre los riesgos del producto, pero el tribunal determinó que fueron debidamente informados. Triodos Bank, un banco neerlandés con un sistema interno para la negociación de CDAs, había cerrado su mercado en varias ocasiones debido a la pandemia y otros factores económicos. La decisión del Supremo subraya que no se probó causalidad entre los cambios en el sistema de cotización y las pérdidas sufridas por los inversores. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

El Tribunal Supremo ha anulado la tercera condena de un hombre que había cumplido prisión por varias violaciones ocurridas en Cataluña en 1991. La Sala Penal del tribunal declaró nula la sentencia de 1995, que le impuso más de 100 años de prisión, tras revisar pruebas biológicas y la retractación de algunas víctimas. Aunque esta vez no se contaba con pruebas científicas contundentes, el Supremo consideró que las similitudes en el modus operandi y la cercanía temporal con otros casos justificaban la absolución. Esta decisión se basa en una revisión previa que también había anulado condenas anteriores, lo que genera dudas razonables sobre la autoría de los delitos atribuidos al acusado.

Ana del Ser ha tomado posesión como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un acto presidido por Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Burgos, donde Del Ser destacó la importancia del servicio público en la administración de justicia. El evento contó con la presencia de destacados miembros del poder judicial y autoridades civiles, incluido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Para más detalles, visita el enlace.

El magistrado Julián Sánchez Melgar del Tribunal Supremo ha iniciado diligencias previas para investigar al eurodiputado Alvise Pérez y al empresario de criptomonedas Álvaro R. por supuestos delitos relacionados con financiación ilegal de partidos, estafa y blanqueo de capitales. Se les acusa de recibir 100.000 euros para la campaña electoral de la plataforma 'Se Acabó la Fiesta' (SALF) en las elecciones europeas de 2024. Pérez deberá manifestar su disposición a comparecer ante el instructor en un plazo de cinco días. La investigación está a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Para más detalles, visita el enlace.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, inauguró la reunión de especialistas de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo en la sede de la Fiscalía General. Este encuentro, que se lleva a cabo hoy y mañana, abordará temas como el recurso de casación, la competencia de la jurisdicción militar y las pruebas de detección de drogas. García Ortiz destacó la importancia de integrar estructuras jerárquicas diferentes bajo un principio de unidad, asegurando que tanto civiles como militares compartan los mismos principios del Estado de derecho. También anunció la propuesta de un encuentro entre Fiscalías Territoriales para mejorar la comunicación en el ámbito militar. La reunión cuenta con la participación de juristas en prácticas y destacados ponentes del ámbito jurídico militar.

El Tribunal Supremo ha resuelto a favor del cantautor 'El Barrio', anulando 20 contratos con su editora musical, Oripando Producciones S.L., firmados entre 1996 y 2011. La decisión se basa en el incumplimiento de la empresa en sus obligaciones contractuales, especialmente en la distribución y control de la tirada de ejemplares de las obras. A pesar de que un tribunal inferior había considerado que los incumplimientos no justificaban la anulación, el Supremo reafirmó que la falta de explotación adecuada de los derechos del autor permite resolver el contrato. Esta sentencia destaca la importancia de las obligaciones del editor para garantizar la difusión y rentabilidad de las obras musicales.

Este jueves, diez aspirantes a una plaza de magistrado en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y tres candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Madrid comparecerán ante la Comisión de Calificación. Durante las sesiones, que se retransmitirán en streaming a través de la web del Poder Judicial, los candidatos presentarán sus currículos y proyectos. Las comparecencias comenzarán a las 10:00 horas con Luis Fernando Castro Mejuto y finalizarán con Francisco Manuel Oliver Egea a las 13:15 horas. Esta actividad es clave para el proceso de selección en el ámbito judicial español. Para más detalles, visita el enlace proporcionado.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha devuelto a la Comisión de Calificación las propuestas para las presidencias de las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, ya que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria en las votaciones. Los magistrados Ana María Ferrer García y Andrés Martínez Arrieta aspiraban a la Sala Segunda, mientras que Pablo Lucas Murillo de la Cueva y María del Pilar Teso Gamella competían por la Sala Tercera. La Comisión deberá formular nuevas propuestas basándose únicamente en estos aspirantes. Además, Joaquín Silguero ha sido nombrado director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Para más detalles, visita el enlace.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. La Sala argumenta que la inaplicación de la amnistía está justificada, ya que las acciones de los investigados se realizaron con un propósito de beneficio personal patrimonial, lo que contraviene la ley. Además, se sostiene que la interpretación del concepto de "beneficio personal" es válida y no arbitraria. La decisión refuerza la posición del instructor y establece criterios claros sobre la aplicación de la normativa en casos de malversación. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.