Justicia

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, con 2,666 casos activos al final del año, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. La estimación del daño al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, siendo el fraude del IVA transfronterizo el más destacado, con un impacto de 13.15 mil millones de euros. En total, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, un aumento del 56%. La EPPO también congeló activos por valor de 849 millones de euros en su lucha contra el fraude europeo. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la arquitectura antifraude de la UE y destaca la necesidad de mejorar los recursos y la cooperación entre los Estados miembros para abordar eficazmente estos delitos.

La noticia "La Justicia kirchnerista: Jueces a dedo y una impunidad garantizada" analiza la manipulación del Poder Judicial en Argentina bajo el kirchnerismo, destacando cómo desde el año 2000 se ha socavado la independencia judicial. Se menciona la designación de jueces afines al poder político, lo que ha llevado a una falta de justicia efectiva y a la impunidad para funcionarios involucrados en corrupción. El artículo critica el papel del Consejo de la Magistratura y el Senado en este proceso, subrayando la necesidad urgente de una reforma judicial que asegure un sistema imparcial y libre de influencias políticas. Para más detalles, visita el enlace original.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la importancia de los derechos humanos como base fundamental para la paz y la democracia. Durante su intervención, destacó el compromiso de España en su nuevo trienio (2025-2027) con la promoción y protección de estos derechos, enfatizando el papel del multilateralismo y la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. Albares también reafirmó el apoyo a la Corte Penal Internacional y la política exterior feminista de España, abordando temas críticos como la discriminación y los conflictos en Ucrania, Gaza, Siria y Sudán. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Róterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en los Países Bajos, ha llevado a la realización de registros en propiedades de dos sospechosos que supuestamente facilitaron la importación fraudulenta mediante declaraciones aduaneras falsas. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1,8 millones de euros en medidas antidumping y antisubsidios. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar la Justicia para gestionar los procesos derivados de la DANA. La consellera Nuria Martínez y el ministro Félix Bolaños se comprometieron a trabajar conjuntamente para evitar la sobrecarga en los juzgados, incluyendo el nombramiento de un juez de refuerzo en Catarroja. Además, se implementará la Ley de Eficiencia que transformará 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia en la Comunitat Valenciana. Esta colaboración busca agilizar la tramitación judicial y mejorar la eficiencia del sistema. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ha ordenado la captura de Ernesto Cruz Cárdenas, líder de una organización terrorista mapuche, tras su desalojo el 9 de enero en Los Alerces, Chubut. Cárdenas es investigado por su posible vinculación con incendios forestales en la región y se encuentra prófugo de la justicia. Su pareja, María Belén Salinas, ha declarado desconocer su paradero. La orden de arresto se produce en el contexto de un juicio por usurpación de tierras públicas programado para abril. Las autoridades locales lo señalan como responsable de los incendios que devastaron miles de hectáreas en la Patagonia. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

Las autoridades belgas, en colaboración con Eurojust y la policía francesa, arrestaron a 12 miembros de una banda sospechosa de intentar robar transportes de efectivo para bancos el 26 de febrero. La operación fue posible gracias a la rápida cooperación entre ambos países, que permitió detener a los criminales antes de que cometieran el robo. Entre los detenidos se encontraban dos objetivos de alto valor, conocidos por su especialización en robos armados. Las investigaciones continúan mientras se llevan a cabo registros en Francia y Bélgica.

Una masiva protesta se llevó a cabo en La Plata, donde cientos de vecinos exigieron justicia por el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años, y criticaron al gobernador Axel Kicillof. La manifestación, que comenzó frente a la Municipalidad, culminó con daños en la sede del gobierno local y se trasladó a la Casa de Gobierno provincial. Los asistentes denunciaron la creciente inseguridad y la inacción del gobierno kirchnerista, pidiendo medidas concretas para frenar la ola delictiva. Además, surgieron reclamos para reducir la edad de imputabilidad de los menores. La indignación popular se expresó con cacerolazos y cánticos exigiendo cambios en el sistema judicial.

La Unión Europea reafirma su apoyo inquebrantable a Ucrania en el tercer aniversario del inicio de la guerra de agresión por parte de Rusia. La UE continuará brindando asistencia política, financiera, económica, humanitaria, militar y diplomática a Ucrania mientras sea necesario. Además, programas como Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad están activos para ayudar a los jóvenes ucranianos. Para más información sobre el apoyo continuo de la UE a Ucrania, visita el enlace.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado una acusación en Sofía, Bulgaria, contra dos individuos por defraudar un total de 66.750 euros del Fondo Social Europeo y cofinanciación nacional. Los acusados, un gerente de una empresa búlgara y su cómplice, están implicados en la presentación de información falsa al Ministerio de Trabajo y Política Social para obtener fondos destinados a apoyar el empleo de personas desempleadas. La investigación reveló la creación de documentos falsificados entre 2021 y 2022, incluyendo contratos laborales falsos. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Una ciudadana de Monterrey ha denunciado el despojo irregular de terrenos que pertenecían a su familia, los cuales fueron vendidos a Tesla para la instalación de una Gigafactory en Nuevo León. María de los Ángeles García relata que la disputa se originó en 2019, cuando funcionarios estatales eliminaron registros catastrales relacionados con el rancho El Carvajal. La familia ha iniciado un juicio contencioso administrativo y sostiene que la desaparición del expediente catastral es clave para entender el supuesto fraude. En marzo de 2023, Tesla adquirió 1.194 hectáreas del terreno por cerca de 100 millones de dólares, reavivando las disputas sobre la propiedad.

El 24 de febrero de 2025 se cumplen tres años desde la invasión a gran escala de Ucrania, y Eurojust ha apoyado un equipo de investigación conjunta que ha entrevistado a 4,000 testigos sobre crímenes internacionales en el país. Hasta ahora, las autoridades ucranianas han realizado más de 40,000 entrevistas. Gracias a esta colaboración, se han emitido avisos de sospecha contra varios individuos por crímenes de guerra y agresión. Eurojust ha organizado 26 reuniones de coordinación para facilitar el intercambio de información y estrategias entre los países involucrados. Además, se destaca el trabajo del Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania y la base de datos de evidencia de crímenes internacionales, que han sido fundamentales para la recopilación y análisis de pruebas. Eurojust continúa comprometido con la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto.