El grupo se denominaba «Grupo de Acción Ciudadana» y disponía de gran cantidad de material tecnológico para realizar vigilancias sobre sus víctimas. En una de las extorsiones, el grupo armado envió a un empresario una carta con fotografías de sus familiares y un cartucho del calibre 9mm PB, solicitando, bajo amenazas, el pago de 100.000 euros.
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