Impunidad

La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma ha expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de Naoero de retirarse del tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI). La Asamblea lamenta esta medida, advirtiendo que puede debilitar los esfuerzos globales para combatir la impunidad y socavar la búsqueda de justicia. Se insta a Naoero a mantener su compromiso con el Estatuto y participar constructivamente en la Asamblea. Además, se recuerda que la retirada no exime al país de las obligaciones contraídas mientras fue parte del Estatuto. La CPI es esencial para el sistema internacional de rendición de cuentas y su eficacia depende del apoyo continuo de la comunidad internacional.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del GPP en el Congreso, ha criticado duramente al Gobierno por una reforma del Código Penal que, según ella, "desarma al Estado" y abre la puerta a la impunidad. Durante su intervención en el Pleno, destacó que esta reforma elimina delitos como las injurias a la Corona y los ultrajes a España, además de debilitar la protección a las víctimas del terrorismo. Álvarez de Toledo defendió una enmienda del Partido Popular para mantener estos tipos penales y reforzar la protección a las víctimas. También cuestionó los pactos del PSOE con partidos que justifican el terrorismo y denunció la corrupción dentro del Gobierno. Su discurso enfatizó la necesidad de proteger las instituciones democráticas y restaurar el respeto por los pilares constitucionales.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), se comprometió a reformar la figura del suplicatorio para evitar que los políticos puedan asegurarse impunidad ante la justicia. Durante la clausura de la 28ª Interparlamentaria del PP, criticó al gobierno de Pedro Sánchez y su modelo de financiación, que considera perjudicial para la igualdad entre los españoles. Feijóo también destacó la necesidad de regeneración política en España y abogó por una mayor seguridad y dignidad laboral para los ciudadanos. Además, reafirmó el apoyo del PP a Ucrania y su rechazo a cualquier conchabeo con dictaduras.

El Senado ha aprobado la Ley Feijóo, que busca cerrar la "grieta" creada por el gobierno de Sánchez, considerada como una "autopista para la impunidad de los etarras". A pesar del rechazo del PSOE, los senadores del PP argumentan que esta ley es necesaria para evitar que las lagunas legales sean utilizadas por terroristas para obtener beneficios penitenciarios. La propuesta establece que el acceso a beneficios debe estar condicionado al arrepentimiento y la colaboración con la justicia. Los senadores critican duramente al PSOE y sus pactos con Bildu, enfatizando la necesidad de honrar a las víctimas del terrorismo y aplicar la ley de manera justa. Para más detalles, visita el enlace.

Hombres armados asesinaron a Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, en el interior del palacio de gobierno de Oaxaca. El ataque ocurrió el domingo y dejó también muerto a un representante comunitario. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que hay cinco posibles líneas de investigación sobre el homicidio, aunque no se han encontrado indicios de amenaza previa ni relación con la delincuencia organizada. El gobernador Salomón Jara condenó el crimen y prometió colaboración con la Fiscalía para esclarecer los hechos. Para más detalles, visita el enlace.

El Gobierno argentino ha celebrado un avance significativo en la causa del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, tras el procesamiento de siete iraníes y un libanés. El Ministerio de Justicia destacó este hecho como un hito en la lucha contra la impunidad. El juez federal Daniel Rafecas calificó los actos como homicidios agravados por odio racial o religioso y como crímenes de lesa humanidad. Aunque los acusados fueron juzgados en ausencia, se anticipa que pronto habrá un juicio oral en Argentina por estos delitos.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, criticó duramente a María Jesús Montero durante un pleno, afirmando que pasará a la historia como una mujer que traicionó a su país por mantener a un hombre en su puesto. Muñoz cuestionó la gestión de Montero al frente del Ministerio de Hacienda, señalando la falta de Presupuestos Generales del Estado y acusándola de incompetencia y corrupción. Además, destacó la necesidad de evaluar el uso efectivo del poder en lugar de su acumulación y reprochó el silencio de Montero sobre casos polémicos relacionados con otros miembros del gobierno.

Las autoridades de México han detenido a Jaciel Antonio ‘N’, implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Jaciel es señalado como reclutador de personas para células delictivas y fue arrestado durante un operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esta detención se suma a otras acciones recientes contra los responsables del crimen, incluyendo la captura de uno de los presuntos autores intelectuales y varios policías municipales. Para más detalles, visita el enlace.

Más del 70% de los argentinos apoya la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, según una encuesta de DC Consultores. El estudio revela que el 70,2% de los encuestados respalda el fallo que confirma su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La encuesta se realizó tras la ratificación de la sentencia en la causa Vialidad, donde se probó que favoreció a empresas vinculadas a Lázaro Báez durante su mandato. El apoyo es mayor entre votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, mientras que solo un 5% de los peronistas lo aprueba. Este contexto podría indicar un cambio significativo en el liderazgo dentro del peronismo y una recuperación de legitimidad para la justicia en Argentina.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha designado a la jueza retirada Sisi Khampepe para liderar una comisión que investigará los retrasos en la justicia relacionados con crímenes del apartheid. Esta comisión, que también incluye al juez Frans Diale Kgomo y a la abogada Andrea Gabriel SC, evaluará el periodo desde 2003 hasta la actualidad, buscando esclarecer posibles obstrucciones en las investigaciones. La creación de esta comisión responde a las denuncias de interferencias que han causado angustia a las familias de las víctimas. Ramaphosa enfatiza que el objetivo es revelar la verdad y cerrar un capítulo doloroso en la historia del país. La comisión tiene un plazo de seis meses para completar su labor y 60 días adicionales para presentar su informe final. Para más detalles, visita el enlace.