Congreso

Durante una reunión plenaria del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo criticó al presidente Pedro Sánchez por no ofrecer soluciones efectivas ante la crisis económica y social. Feijóo afirmó que "la gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", haciendo hincapié en la necesidad de una política migratoria legal y ordenada. Reprochó al Gobierno por las insuficientes ayudas frente a la inflación y solicitó medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF. Además, se mostró contrario a la regularización masiva de inmigrantes, argumentando que es insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión de Sánchez en temas judiciales y su falta de apoyo parlamentario, augurando un cambio necesario en el futuro político de España.

Tristana Moraleja, portavoz de Comercio del GPP, criticó en la Comisión de Economía del Congreso la falta de políticas efectivas del Gobierno para la juventud, destacando que 7 de cada 10 jóvenes en España siguen siendo económicamente dependientes a los 34 años. Moraleja señaló que el país presenta uno de los mayores retrasos en emancipación juvenil dentro de la UE, debido a la precariedad laboral y las dificultades para acceder a vivienda. Además, cuestionó al vicepresidente del Gobierno por el bajo grado de ejecución de los Fondos Europeos y por su falta de diálogo con el PP sobre ciertos decretos. La diputada concluyó que los resultados de las políticas actuales no están beneficiando a la población.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.

Miriam Guardiola, portavoz adjunta del GPP, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un "lodazal de corrupción" durante el Pleno del Congreso. Denunció varios casos que afectan al PSOE y a su entorno, como los de Ábalos y Aldama, además de otros bajo investigación. Guardiola afirmó que la corrupción no solo implica robar, sino también manipular procesos internos y liberar a terroristas para mantener el poder. Mencionó audios que sugieren pagos para influir en jueces y fiscales, calificando la situación de "cloacas" y "mafia". También cuestionó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su silencio ante estas acusaciones y lo describió como un "cartucho quemado".

El Congreso de España ha aprobado con 192 votos a favor la tramitación de una Proposición de Ley del Partido Popular (PP) que busca reformar la normativa sobre seguros agrarios. Esta ley tiene como objetivo ampliar la cobertura para los agricultores y ganaderos, incluyendo no solo daños climáticos, sino también la pérdida de ingresos derivada de la volatilidad de los precios. A pesar del rechazo del PSOE, el PP argumenta que es crucial adaptar el sistema a las realidades económicas actuales del campo español y garantizar la seguridad alimentaria. La propuesta se alinea con las políticas de la PAC y modelos de otros países europeos.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, criticó duramente a María Jesús Montero durante un pleno, afirmando que pasará a la historia como una mujer que traicionó a su país por mantener a un hombre en su puesto. Muñoz cuestionó la gestión de Montero al frente del Ministerio de Hacienda, señalando la falta de Presupuestos Generales del Estado y acusándola de incompetencia y corrupción. Además, destacó la necesidad de evaluar el uso efectivo del poder en lugar de su acumulación y reprochó el silencio de Montero sobre casos polémicos relacionados con otros miembros del gobierno.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La moción, apoyada por Vox, Junts y UPN, insta al Ejecutivo a renunciar a esta regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos y va en contra de los principios europeos. Además, se exige la efectiva implementación de órdenes de retorno y la revisión de acuerdos migratorios con terceros países. En otro ámbito, el PP también logró aprobar una proposición en defensa de los cristianos perseguidos, solicitando medidas internacionales para proteger sus derechos y promover la libertad religiosa.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró que utilizarán todos los recursos políticos y jurídicos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para combatir lo que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de regularizar a quienes cumplen con la ley y advirtió sobre las consecuencias negativas de premiar la irregularidad. Además, criticó al Gobierno por su falta de transparencia respecto a los beneficiarios de esta medida. La postura del PP se alinea con el rechazo expresado por diversas instituciones y comunidades autónomas.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.

Héctor Palencia, portavoz de Transportes del GPP, critica al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, por tardar 65 días en comparecer ante la Comisión de Transportes y solo dedicar 10 minutos a explicar el accidente de Adamuz. Palencia califica esta breve intervención como un "escándalo" y un "insulto" a las víctimas y sus familias. Exige respuestas sobre la falta de información y responsabilidades políticas, cuestionando la gestión del Gobierno en materia ferroviaria. Además, denuncia la ocultación de datos relevantes y la falta de medidas para garantizar la seguridad en el sistema ferroviario español.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por sus ataques e insultos hacia los médicos durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Fúnez defendió la labor de los médicos, quienes se dedican a curar y cuidar a los pacientes, y acusó a García de crear problemas en lugar de solucionarlos. Además, advirtió que pronto podría referirse a los médicos como "fachas con bata". También mostró su solidaridad con los pacientes afectados por las citas canceladas y celebró un acuerdo en Andalucía para beneficiar a 130,000 profesionales del sector sanitario.

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una iniciativa para reincorporar a los militares de complemento y mejorar sus condiciones laborales y retributivas, con el objetivo de abordar la falta de personal en las Fuerzas Armadas. La vicesecretaria Cuca Gamarra ha destacado la necesidad de reforzar las capacidades militares en un contexto internacional exigente. La propuesta incluye la reincorporación voluntaria de oficiales de complemento en situación de reserva y busca reducir su temporalidad, así como establecer mecanismos de estabilización que garanticen igualdad con otros funcionarios públicos. Además, se denuncia la devaluación económica de los Reservistas de Especial Disponibilidad y se solicita una compensación acorde a su clasificación en la Administración Pública.

El Pentágono ha solicitado más de 200.000 millones de dólares al Congreso para continuar con la guerra en Irán, según un informe de The Washington Post. Este monto se destinaría a la producción de armamento crítico utilizado por las fuerzas estadounidenses e israelíes. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia por parte de legisladores opositores y podría generar una intensa batalla política debido al creciente sentimiento antibelicista en el país. En la última semana, EE.UU. ha gastado aproximadamente entre 1.000 y 2.000 millones de dólares diarios en el conflicto, lo que podría elevar el costo total a un cuarto de billón de dólares o más en los próximos meses. La situación se complica tras la agresión conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha llevado a represalias significativas por parte de Teherán.