comunidades autonomas

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado ante las consejeras autonómicas la reforma del modelo de cuidados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Esta reforma, que busca mejorar la autonomía y personalización de los cuidados para personas en situación de dependencia y discapacidad, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo y propone simplificar trámites. Desde 2020, la financiación del sistema ha aumentado un 150%, alcanzando una cifra récord de 3.411 millones de euros en 2024. Además, se han transferido fondos europeos para modernizar centros residenciales y fomentar la autonomía personal. La reforma responde a demandas sociales por más cuidados cercanos y accesibles.

En febrero de 2025, el número de desempleados en España ha disminuido en 5.994 personas, alcanzando un total de 2.593.449, la cifra más baja en este mes desde 2008. Este descenso del 0,23% se produce en un mes donde tradicionalmente se registra un aumento del paro. Comparado con el año anterior, el desempleo ha caído en 166.959 personas (-6,05%). Los sectores que han experimentado mayores reducciones son Servicios, Construcción e Industria, mientras que el paro ha aumentado en Agricultura y entre quienes no tenían empleo previo. El desempleo femenino también ha disminuido, situándose en su nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, el paro juvenil ha aumentado en un 3,46%. En cuanto a las comunidades autónomas, el paro ha bajado en nueve de ellas, destacando la Comunidad Valenciana con la mayor reducción. La cifra total de contratos celebrados fue de 1.098.491, con un notable porcentaje de contratos indefinidos. Para más detalles sobre esta noticia, visita el enlace proporcionado.

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Canarias han dado un paso significativo en la acogida puntual de niños y niñas en situación de desamparo. La ministra Sira Rego y el presidente Fernando Clavijo han subrayado la necesidad de que todos los territorios colaboren de manera solidaria para garantizar los derechos de la infancia. Los criterios acordados, basados en factores como renta per cápita y esfuerzo previo en acogida, buscan ofrecer una solución urgente a los menores en Canarias y Ceuta. Este avance se alinea con los planes establecidos en las Conferencias Sectoriales desde 2022. Para más información, visita el enlace.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado un compromiso político para abordar la pobreza infantil y mejorar la acogida de niñas y niños en situación de desamparo. Durante una reunión con la consejera de Inclusión Social de Andalucía, Loles López, Rego destacó la necesidad de que todas las administraciones trabajen juntas para garantizar los derechos de la infancia. Además, subrayó la importancia de un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y propuso medidas concretas como la Prestación Universal a la Crianza. También abordó el impacto del precio de la vivienda en las familias y la necesidad de regular los entornos digitales para proteger a los menores. Para más información, visita el enlace.

El sistema de tarjetas monedero ha beneficiado a más de 70,000 familias vulnerables en su primer año de funcionamiento, según datos de Cruz Roja. Este programa, que permite la adquisición de alimentos y productos esenciales en supermercados, ha superado su objetivo inicial al alcanzar 70,316 hogares en 2024. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y el Fondo Social Europeo Plus, las tarjetas ofrecen una alternativa más inclusiva y menos estigmatizante respecto a los bancos de alimentos tradicionales. Las familias pueden acceder a un monto mensual que varía según su tamaño, con un enfoque especial en la reducción de la pobreza infantil. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha coordinado el pago de 3.665 millones de euros en ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2024, una cifra que supera en 189 millones a la del año anterior. Este importe se destinará a agricultores y ganaderos tras finalizar los controles requeridos por las comunidades autónomas. El plazo de solicitudes se amplió hasta el 15 de junio debido a cambios normativos. A partir del 1 de diciembre de 2024, se autorizará el abono del 90% de diversas ayudas, mientras que el resto se pagará antes del 30 de junio de 2025. Para más detalles, visita el enlace.

El Gobierno de España ha alcanzado 52 acuerdos con comunidades autónomas desde el inicio de la XV Legislatura, resolviendo conflictos competenciales y evitando recursos de inconstitucionalidad. Estos acuerdos, promovidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se han logrado a través de negociaciones en comisiones bilaterales de cooperación. Recientemente, se firmaron acuerdos con Asturias y la Comunitat Valenciana en febrero de 2025, así como con Aragón en enero. El ministro Ángel Víctor Torres destacó la importancia del diálogo y la cooperación para minimizar la conflictividad entre administraciones. Para más detalles, visita el enlace.

La Conferencia Sectorial de Agricultura, presidida por el ministro Luis Planas, ha decidido destinar 46,8 millones de euros para promover las exportaciones de vino español en mercados de terceros países durante 2026. Este presupuesto forma parte de un total de 55,59 millones de euros y busca elevar la subvención al 50% para los 657 programas presentados por las comunidades autónomas. La iniciativa se inscribe en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y tiene como objetivo mejorar la competitividad del vino español a nivel internacional. Para más detalles, visita el enlace.

El déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Corporaciones Locales, se situó en noviembre de 2024 en el 1,85% del PIB, alcanzando un total de 29.411 millones de euros. Este dato fue publicado por el Ministerio de Hacienda y refleja un gasto extraordinario debido a las inundaciones provocadas por la DANA, que ascendió a 4.105 millones. Sin este gasto, el déficit sería inferior al del mismo periodo del año anterior. La Administración Central presenta un déficit de 37.853 millones, mientras que las Comunidades Autónomas registran un superávit de 5.651 millones gracias a un aumento en los ingresos fiscales y transferencias del Estado. Los Fondos de la Seguridad Social también muestran un superávit de 2.791 millones, con un crecimiento en los gastos e ingresos. Para más detalles, visita el enlace completo en la noticia original.

En enero, el paro en España aumentó en 38.725 personas, un incremento del 1,51% respecto al mes anterior, aunque la cifra total de desempleados se mantiene por debajo de los 2,6 millones, alcanzando su nivel más bajo en este mes en 17 años. En comparación con enero de 2024, el desempleo ha disminuido en 168.417 personas. Los sectores más afectados son Servicios y Agricultura, mientras que la Construcción e Industria han registrado descensos. El desempleo femenino creció un 2,08%, situándose en 1.563.431 mujeres, mientras que el masculino subió un 0,67%. Las comunidades autónomas con mayor aumento del paro fueron Andalucía y Comunidad de Madrid. A pesar del aumento en enero, el total de contratos alcanzó más de 1,2 millones, con un 41,87% de ellos indefinidos. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

El Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de seis meses para las ayudas al transporte público terrestre, que se extenderán hasta el 30 de junio de 2025. Estas medidas, en vigor desde 2022, buscan apoyar a los viajeros habituales y mitigar el impacto de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Se mantendrán abonos gratuitos para Renfe y líneas de autobuses estatales, además de descuentos del 50% en abonos urbanos. A partir del 1 de julio, se implementará un nuevo esquema de bonificaciones que incluye un abono mensual de 20 euros y gratuidad para menores de 15 años. El Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros a estas iniciativas para fomentar el uso del transporte público y reducir la dependencia del vehículo privado.

El Gobierno de España ha presentado un plan para implementar la Ley ELA, que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, y Mónica García, ministra de Sanidad, se reunieron con la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) para discutir el borrador del plan. Este plan se divide en dos fases: la primera se centra en agilizar trámites y formación para profesionales, mientras que la segunda, aún en preparación, abordará la adecuación de servicios y prestaciones. La ley fue aprobada en octubre de 2024 y busca coordinar esfuerzos entre administraciones para garantizar atención especializada a los pacientes. Además, se lanzará una consulta pública para definir criterios sobre enfermedades incluidas en la ley.