El gobernador de California, Gavin Newsom, conmutó las condenas a muerte de las 548 personas que estaban en el corredor de la muerte del estado y las sustituyó por penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En una carta, Newsom sostuvo que con la medida los condenados podrían morir en el anonimato, mientras las víctimas serían recordadas y honradas. La decisión tiene un carácter en gran medida simbólico: California no ejecuta a ningún preso desde 2006. Desde que los votantes restablecieron la pena capital en 1978, se ha ejecutado a 13 reclusos. Expertos señalan que la medida podría ahorrar millones de dólares anuales en costes judiciales.
La decisión de Newsom
Newsom, demócrata al frente del estado más poblado de Estados Unidos, está en sus últimos meses de mandato, limitado por el número de periodos que puede ejercer. Su nombre se ha mencionado como posible candidato presidencial en 2028. Se prevé que el también demócrata Xavier Becerra asuma el cargo tras las elecciones de mitad de mandato del martes.
En la carta, Newsom explicó que utiliza la facultad constitucional de clemencia para sustituir las condenas por penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Señaló que, tras casi 30 años en cargos públicos, había llegado a comprender los límites de lo que el Gobierno puede lograr legítimamente, y que considera que las ejecuciones autorizadas por el Estado son incompatibles con los valores de California, debilitan los fundamentos del sistema legal y menoscaban a la sociedad.
California ha tenido históricamente la mayor población de personas condenadas a muerte del país. En 2019, Newsom ya había ordenado detener las ejecuciones en el estado.
La pena capital en California
Newsom describió la decisión como una acción justa, aunque difícil. Reconoció que muchos californianos consideran que quienes cometen delitos brutales merecen morir, pero afirmó que el Estado no puede matarlos moralmente. También sostuvo que, según todos los criterios, el sistema californiano de aplicación de la pena de muerte fracasa y no se ha aplicado ni puede aplicarse con justicia, lo que ha llevado a condenar a personas inocentes.
El gobernador indicó que la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional es el castigo más severo que puede imponer legalmente y que el Estado puede aplicar éticamente. Reconoció que su decisión de conceder clemencia enfadará y causará dolor a algunos californianos, y que esa respuesta tendrá un peso duradero para él.
Newsom asumió personalmente la responsabilidad por la decisión y sus efectos, del mismo modo que, según escribió, habría asumido la responsabilidad por cada ejecución. Añadió que actuaba siguiendo su conciencia y, conforme a la Constitución, por el bienestar de California.
Aprobación judicial y contexto nacional
Como los estados tienen la facultad de procesar delitos y ordenar ejecuciones, buena parte de esa autoridad recae en sus gobernadores. Sin embargo, según informó CalMatters, la mayor parte de la medida anunciada por Newsom el jueves necesitará aprobación judicial. Para conmutar las penas de los cerca de 400 presos condenados por múltiples delitos, deberán dar su visto bueno al menos cuatro de los siete jueces del Tribunal Supremo de California.
La decisión llega después de que, a finales de septiembre, una ejecución fallida de alto perfil en Tennessee afectara a una mujer, y mientras aumenta el número de ejecuciones en Estados Unidos. Para el jueves estaban previstas tres, en Indiana, Florida y Alabama.
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), elogió la medida. Consideró que las conmutaciones responden a lo que exige la justicia y ponen fin a un castigo racista, propenso a errores e inhumano que ha perjudicado a California durante demasiado tiempo. También afirmó que Newsom había mostrado valor al afrontar de frente la injusticia racializada y al defender que la pena de muerte no tiene cabida en el estado.
La pena de muerte federal
En el ámbito federal, el presidente Donald Trump, defensor desde hace tiempo de la pena capital, ha descrito la pena de muerte como una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses.
En 2020, durante su primer mandato, Trump puso fin a una moratoria federal de casi dos décadas y ordenó 13 ejecuciones en un periodo de seis meses. La moratoria volvió durante la presidencia de Joe Biden. El primer día de su segundo mandato, en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte.
Desde la firma de esa orden no se han llevado a cabo ejecuciones federales. En Estados Unidos, tanto el Gobierno federal como las autoridades estatales pueden ordenar ejecuciones.
La noticia en cifras
| Cifra | Dato de la noticia |
|---|
| 548 | Personas que estaban en el corredor de la muerte de California. Newsom anunció la conmutación de sus condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; la noticia señala que la mayor parte de la medida requiere aprobación judicial. |
| 2006 | Año de la última ejecución de una persona condenada a muerte en California, según la noticia. |
| 1978 | Año en que los votantes restablecieron la pena de muerte en California; desde entonces, según la noticia, se ha ejecutado a 13 personas. |
| 2019 | Año en que Newsom ordenó detener las ejecuciones en el estado. |
| Casi 400 | Personas condenadas por varios delitos cuyas conmutaciones necesitan, según CalMatters citado por la BBC, la aprobación de al menos 4 de los 7 jueces del Tribunal Supremo de California. |
| 3 | Ejecuciones que estaban programadas para el jueves en Indiana, Florida y Alabama. |
| 2020 | Año en que Donald Trump ordenó 13 ejecuciones federales en un periodo de seis meses, tras poner fin a una moratoria de casi dos décadas. |
| 2025 | Año en que Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte federal, según la noticia. |