En la Comisión de Interior durante la comparecencia de Marlaska
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido al Gobierno explicaciones sobre su gestión ante la crisis en Ceuta. Durante su intervención, cuestionó hasta qué punto el Ejecutivo está sometido a Marruecos y si esta situación podría estar vinculada con el reciente "hackeo de los móviles del Gobierno".
Muñoz destacó las contradicciones dentro del propio Gobierno, señalando que mientras una parte, representada por Sumar, responsabiliza a Marruecos por los hechos ocurridos, otros ministros socialistas abogan por "respeto hacia Marruecos" y defienden su colaboración. Esta postura fue calificada como un "insulto a la inteligencia de los españoles".
Crisis en Ceuta y falta de información
La portavoz del GPP también criticó que casi un mes después de la crisis, el Ejecutivo aún no tiene claridad sobre cuántos inmigrantes permanecen en Ceuta ni cuántos menores no acompañados hay. Afirmó que "no puede ser que el Gobierno no sepa el número de inmigrantes que quedan allí", a pesar de contar con "todas las herramientas".
Además, recriminó al Gobierno por intentar crear un relato que no convence a nadie y por buscar culpables, incluso señalando a los ciudadanos de Ceuta como “radicales” o “nazis”. Muñoz enfatizó que el verdadero “gamberrismo institucional” radica en que el Ejecutivo posea "todas las capacidades del Estado", se ausente y luego regrese para culpar a otros.
Responsabilidad del Gobierno
La portavoz advirtió que los ciudadanos de Ceuta sienten que "el Estado no está presente", subrayando que España tiene las capacidades necesarias para abordar la situación. Reiteró que "la responsabilidad es del Gobierno, que no ha ejercido sus funciones".
Muñoz recordó que desde 2021 existen documentos elaborados por el propio Gobierno que advertían sobre posibles crisis y proponían medidas preventivas. Criticó la falta de acción afirmando: “Hicieron una estrategia nacional en 2021 que decía que había que tener un plan estratégico de seguridad para Ceuta y Melilla. Cinco años después, el Gobierno no lo ha hecho”. Según ella, este descuido fue evidente cuando solo había cinco guardias civiles y cinco buceadores en la valla durante los incidentes del 30 de julio.
Propuestas para mejorar la gestión
Finalmente, Muñoz instó al Ejecutivo a incrementar recursos y capacidades para gestionar adecuadamente la situación de los menores. Subrayó la necesidad de aplicar convenios con Marruecos y garantizar una ley “garantista”, “individual” y con “expedientes administrativos por cada menor y cada inmigrante”.