Desmantelan fraude de 160.000 euros en prestaciones sociales con empresas ficticias

La Policía Nacional ha desmantelado un complejo entramado empresarial en Castellón, dedicado a la obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social, con un perjuicio económico que supera los 160.000 euros. Este grupo operaba mediante la creación de sociedades ficticias que simulaban actividad laboral, permitiendo así el acceso indebido a ayudas públicas.

Al menos 30 individuos, en su mayoría trabajadores de origen pakistaní, lograron beneficiarse de estas prestaciones, algunos de ellos figurando como empleados en varias provincias al mismo tiempo. La investigación ha llevado a la detención de doce personas y a la identificación de un total de 36 implicados.

Investigación y descubrimientos

El operativo se inició tras recibir alertas de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre irregularidades en empresas vinculadas entre sí y gestionadas por una misma asesoría. Las pesquisas iniciales revelaron un patrón común: la creación de sociedades sin actividad económica real que estaban registradas en el sistema de Seguridad Social.

Uno de los primeros hallazgos fue que la empresa principal tenía su domicilio social registrado en una vivienda particular donde no se realizaba ninguna actividad comercial. Los administradores, aunque figuraban formalmente, resultaron ser ilocalizables.

Características del fraude

Las sociedades implicadas compartían rasgos similares como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios —incluso ubicados en espacios de coworking—, cambios frecuentes en la titularidad y falta de actividad económica real. Estas características dificultaban el control por parte de las autoridades y favorecían la continuidad del fraude.

Detrás de estas empresas había terceros que realmente gestionaban las operaciones, utilizando a los administradores como meros testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral genuina.

Simulación laboral y consecuencias económicas

A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que algunos trabajadores estaban dados de alta simultáneamente en diferentes empresas ubicadas en provincias no contiguas. Esto les permitía figurar como prestando servicios el mismo día en distintos lugares del país, generando derechos de cotización que luego eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Se constató que al menos 30 supuestos empleados habían recibido dichas prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas, lo que causó un daño significativo al sistema público, estimado en 162.030 euros. Muchos beneficiarios abandonaban España mientras continuaban recibiendo ayudas económicas.

Papel crucial de la asesoría

Los agentes también identificaron una red interconectada de sociedades que emitían facturas por servicios vagos y poco definidos, siendo objeto de investigación por posibles delitos relacionados con defraudación del IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

El análisis financiero reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios. Además, se detectó la existencia de intermediarios que proporcionaban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran quiénes eran realmente los responsables.

Una asesoría jugaba un papel clave al gestionar administrativamente estas sociedades; se encargaba del alta y baja en la Seguridad Social, así como del manejo documental relacionado con contratos y nóminas. Las gestiones se realizaban utilizando certificados digitales pertenecientes a los administradores formales sin su intervención directa.

Como resultado final del operativo, se ha determinado responsabilidad penal para 36 personas involucradas; doce han sido detenidas y puestas a disposición judicial por presuntos delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y usurpación del estado civil.

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