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Javier Campoy, senador del PP por Huesca, critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su manejo de la crisis en Ceuta. En una sesión del Senado, Campoy argumenta que la situación no se soluciona con las dimisiones de un jefe de gabinete y un delegado del Gobierno, sino que es Sánchez quien debería renunciar por no actuar adecuadamente durante la crisis migratoria. Destaca que 61 días después de la invasión de inmigrantes irregulares, el Gobierno no ha proporcionado cifras claras sobre los que aún permanecen en Ceuta. Además, expresa su preocupación por la seguridad de los estudiantes y critica la falta de acción del Gobierno ante las advertencias de las fuerzas de seguridad. Campoy también señala que el actual gobierno está fallando en su responsabilidad hacia el pueblo ceutí.

La deuda nacional de Estados Unidos ha superado por primera vez los 40 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro. Esta cifra representa casi el doble de los 19,95 billones registrados en 2017 al inicio del mandato de Donald Trump. El incremento de la deuda se ha acelerado en menos de una década, impulsado en parte por el financiamiento de la respuesta a la pandemia de COVID-19. Expertos advierten que si el Congreso no aborda el desequilibrio fiscal mediante aumentos impositivos o recortes de gasto, el país podría enfrentar una crisis de deuda, exacerbando problemas como la inflación y limitando otras prioridades presupuestarias. En julio, el déficit alcanzó los 432.000 millones de dólares, marcando un récord mensual significativo.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha denunciado que el mayor absentismo laboral en el Senado se ha producido durante la presidencia de Pedro Sánchez, quien lleva más de dos años y medio sin asistir a las sesiones de control al Gobierno. En una entrevista, García destacó que este absentismo ha incrementado los gastos en la Seguridad Social, con un millón doscientas mil personas ausentes diariamente. Además, advirtió sobre el fraude asociado al absentismo y su impacto económico, señalando que se pierden treinta mil millones de euros anuales que podrían destinarse a necesidades sociales. La portavoz criticó la falta de acción del Gobierno para abordar este problema.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación "Lutasanol" resultó en la detención del principal captador y la investigación de otros tres implicados, quienes utilizaban una empresa para llevar a cabo esta actividad fraudulenta. La organización, que operaba en varias provincias españolas, había gestionado más de un centenar de expedientes ilegales, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas.

José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, exige una revisión del rescate de Plus Ultra y cuestiona quiénes son los implicados en la corrupción de "nivel zafiro". Durante el pleno, criticó que la compañía no cumplía con los requisitos para recibir 53 millones de euros, a pesar de sus problemas financieros y deudas con la Seguridad Social. Acusó al Gobierno de estar plagado de corrupción y de favorecer a poderosos, mientras denuncia el fracaso en la política migratoria. Marí Bosó concluyó instando al Ejecutivo a asumir responsabilidades y dejar el poder.

El Partido Popular ha presentado una Moción en el Senado solicitando al Gobierno que escuche a los militares en la próxima declaración de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa propone la creación de una Comisión de Trabajo Temporal para garantizar que se recaben las propuestas de los profesionales y evitar desigualdades en su reconocimiento. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de un diálogo abierto con los militares para evaluar el impacto real de esta medida y asegurar que sea justa y eficaz. Además, el PP ha impulsado a nivel europeo el reconocimiento de diversas profesiones como de riesgo, buscando mejorar derechos laborales y condiciones para estos colectivos.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha destacado el plan presentado por Alberto Núñez Feijóo para Ceuta, que aborda las necesidades de esta ciudad autónoma y Melilla. El plan incluye medidas económicas para mejorar la infraestructura fronteriza y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Bravo criticó al Gobierno por no atender las demandas de renovación de comisarías y por la falta de soluciones a problemas de vivienda. También propuso extender bonificaciones a la Seguridad Social para activar el comercio local. Además, cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la inmigración irregular en Ceuta y la falta de datos sobre la situación actual en la ciudad.

El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado en el Senado una Proposición de Ley sobre mutualidades alternativas y la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), mejorando su contenido con enmiendas que buscan hacerla más justa, segura y respetuosa con las carreras profesionales de miles de mutualistas. Los portavoces del PP, Gerardo Camps y Rocío Dívar, destacaron la importancia del diálogo con otros grupos y las asociaciones de mutualistas. Criticaron al Gobierno por no tramitar adecuadamente la ley y enfatizaron que los mutualistas merecen una legislación que respete sus derechos. La ley busca asegurar que quienes cumplieron con sus obligaciones no sean perjudicados y establece un plazo para aprobar el reglamento correspondiente.

El Partido Popular (PP) critica al Gobierno por lo que considera un "monólogo" en el diálogo social y advierte que las reformas propuestas no aseguran la sostenibilidad del sistema de pensiones. En una reciente comparecencia, el diputado Miguel Ángel Paniagua cuestionó la entrega tardía de un resumen ejecutivo sobre el Pacto de Toledo, sugiriendo que se busca evitar un debate profundo. Además, destacó preocupantes cifras de deuda acumulada en la Seguridad Social y advirtió sobre los riesgos futuros para los jóvenes, quienes ven el sistema como una promesa incierta. El PP también señaló el fracaso de la Tarjeta Social Digital, aún sin implementar desde su aprobación en 2018.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de ley del Partido Popular que solicita la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para la atención en las oficinas de la Seguridad Social. Con 186 votos a favor y 159 abstenciones, la propuesta busca devolver la cita previa a un sistema voluntario, garantizando así el acceso presencial a los servicios públicos. La medida cuenta con el apoyo de varios partidos, mientras que PSOE y Sumar se abstuvieron, permitiendo que se cumpla una promesa pendiente del Gobierno desde hace más de dos años.

La Guardia Civil, en colaboración con la Guarda Nacional Republicana de Portugal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha implementado un dispositivo conjunto en Navarra y La Rioja para prevenir la explotación laboral en explotaciones agrícolas. Este operativo busca detectar casos de trata de seres humanos y garantizar los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en un sector vulnerable como la agricultura. Las inspecciones se realizan para identificar abusos laborales y proteger a los empresarios que cumplen con la normativa frente a la competencia desleal. Esta iniciativa forma parte de un convenio que refuerza la cooperación internacional y mejora la protección de los derechos laborales en toda la Unión Europea. La Guardia Civil también destaca la importancia de la colaboración ciudadana para reportar indicios de explotación laboral.