El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda contra un municipio de Nueva Jersey debido a su prohibición del uso de gas natural en nuevos edificios de apartamentos. Esta acción legal subraya la creciente tensión entre las políticas energéticas federales y las iniciativas ambientales locales, planteando interrogantes sobre la autoridad de los gobiernos municipales en la regulación de fuentes energéticas.
La demanda fue interpuesta el 31 de marzo contra Morris Township, que implementó una ordenanza en 2022 que prohíbe la emisión de permisos para la construcción de nuevos edificios de apartamentos con 12 o más unidades, a menos que sean completamente eléctricos. Esta normativa excluye explícitamente el uso de sistemas de calefacción a gas natural, propano u óleo.
Un choque entre leyes
En su alegato, el Departamento de Justicia sostiene que esta prohibición local está en conflicto con la ley federal, específicamente con la Ley de Política Energética y Conservación de 1975. Esta legislación otorga al gobierno federal la facultad de establecer estándares nacionales de eficiencia energética para los electrodomésticos, buscando evitar un mosaico de regulaciones estatales contradictorias.
Según el DOJ, la prohibición impuesta por el municipio “aumenta los costos energéticos para los consumidores estadounidenses y debilita la dominancia energética del país”. La entidad gubernamental considera que esta ordenanza forma parte de “un esfuerzo radical por parte de la izquierda para prohibir estufas, hornos y otros electrodomésticos regulados a nivel federal que las familias estadounidenses utilizan diariamente”.
Adam Gustafson, Subprocurador General Adjunto del DOJ, expresó claramente la postura del gobierno: “Donde el gobierno federal tiene autoridad exclusiva para regular electrodomésticos e infraestructura, lucharemos contra el exceso estatal y local”. Gustafson afirmó que “prohibir el gas natural es ilegal” y argumentó que esto encarece funciones esenciales como calentar, cocinar y secar ropa para los consumidores.
Un patrón legal en desarrollo
Este caso en Nueva Jersey no es un incidente aislado; sigue un patrón establecido por acciones legales exitosas previas en California. En enero pasado, el Departamento de Justicia demandó a las ciudades californianas de Morgan Hill y Petaluma por sus propias prohibiciones sobre el gas natural. Como resultado, ambas localidades han revocado recientemente dichas restricciones.
La Fiscal General Pamela Bondi relacionó estos esfuerzos: “Esta última litigación en Nueva Jersey sigue dos demandas exitosas en California mientras este Departamento de Justicia lucha por hacer que la energía sea más asequible para los estadounidenses”, añadió Bondi. “Las políticas ambientalistas radicales que aumentan costos y limitan opciones para los consumidores no prevalecerán”.
El argumento legal del departamento se apoya fuertemente en una decisión del Noveno Circuito que anuló la prohibición pionera del gas en Berkeley, California. El tribunal determinó que dicha regulación local estaba efectivamente preemptada por la Ley de Política Energética y Conservación federal. El DOJ argumenta que este precedente invalida también la prohibición similar impuesta por Morris Township.
Contexto político
La demanda también menciona una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump en abril de 2025 titulada “Protegiendo la energía estadounidense del exceso estatal”. Esta orden instruye al Fiscal General a tomar medidas contra leyes estatales y locales que obstaculicen el desarrollo y uso de recursos energéticos nacionales, alegando que pueden socavar la seguridad nacional y aumentar los costos para las familias.
A medida que se desarrolla este conflicto legal, se intensifican debates similares a nivel estatal. En Nueva Jersey, se presentó recientemente un nuevo proyecto conocido como Ley de Protección Energética Asequible para Hogares, cuyo objetivo es prohibir explícitamente a las agencias estatales y gobiernos locales adoptar reglas que restrinjan o prohíban indebidamente el uso de electrodomésticos a gas, propano o aceite combustible.
Este enfrentamiento legal pone de manifiesto una tensión fundamental dentro del sistema gubernamental estadounidense respecto a las políticas energéticas. Durante años, muchos municipios han utilizado códigos urbanísticos y normativas constructivas para promover objetivos ambientales como la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, esta intervención federal afirma que tales acciones locales bien intencionadas chocan con leyes federales establecidas y consideraciones económicas prácticas.
La demanda solicita al tribunal declarar nula e inaplicable la ordenanza del municipio. A medida que avance este caso, se probarán los límites de la autonomía local y se establecerá un precedente nacional más claro sobre quién tiene autoridad para decidir cómo se abastecen energéticamente los hogares estadounidenses. Las repercusiones irán más allá del municipio neoyorquino afectado, influyendo en futuros códigos constructivos y elecciones energéticas en todo el país.
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