El Grupo Parlamentario Popular frena la regularización de migrantes con antecedentes penales
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado ha presentado un conjunto de enmiendas a la Ponencia sobre la modificación de la Ley de Multirreincidencia, con el objetivo de bloquear legalmente la regularización de migrantes que cuenten con antecedentes penales, ya sea en España o en otros países.
Estas enmiendas buscan mejorar el texto previamente aprobado en el Congreso, enfatizando la necesidad de fortalecer la seguridad pública y prevenir la reincidencia delictiva. Según el GPP, es esencial evitar que persistan espacios de impunidad no abordados por la legislación actual.
Requisitos para las autorizaciones de residencia
El GPP argumenta que no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el marco legal permite que personas con antecedentes penales significativos accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control adecuado. Por ello, proponen que todas las solicitudes de residencia requieran que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni procedimientos judiciales abiertos en España o en sus países anteriores de residencia.
Además, sugieren denegar las solicitudes de estancia o residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes. También insisten en que los procedimientos sancionadores relacionados con expulsiones o retornos no deben suspenderse debido a una solicitud de estancia o residencia vinculada a la regulación propuesta por el Gobierno.
Cambios en el arraigo y colaboración con Vox
En otro aspecto, el GPP ha propuesto una enmienda transaccional junto a Vox para eliminar el arraigo como excepción a la expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos. Esta modificación afecta al artículo 89.4 del Código Penal, que actualmente establece que no procederá la sustitución de pena cuando, considerando las circunstancias del hecho y del autor, su arraigo en España haga desproporcionada la expulsión.
La propuesta del PP busca reemplazar este texto por uno que elimine dicha excepción: “No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, la expulsión resulte notoriamente desproporcionada”. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por Vox, lo cual ha generado críticas sobre sus prioridades políticas frente al interés general.