La fiscal general de Estados Unidos, Ashley Moody, ha sido objeto de críticas tras afirmar que se han hecho públicas todas las pruebas relacionadas con el caso Epstein. En una carta firmada por Moody y su adjunto Todd Blanche, se detalla que, en cumplimiento de la normativa pertinente y conforme a las presentaciones del Departamento ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, se han liberado todos los “registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación” en posesión del Departamento que están vinculados a nueve categorías distintas.
Esta declaración ha suscitado dudas entre expertos y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la transparencia en casos tan complejos es crucial para asegurar la justicia. A pesar de la afirmación oficial, muchos creen que aún existen documentos no divulgados que podrían arrojar más luz sobre las actividades delictivas relacionadas con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.
Reacciones a la afirmación
Los críticos han señalado que la falta de información adicional podría estar impidiendo una comprensión completa del caso. La comunidad legal ha expresado su preocupación por la posibilidad de que ciertos detalles permanezcan ocultos, lo cual podría afectar tanto a las víctimas como al proceso judicial en su conjunto.
Además, algunos analistas sugieren que el manejo de esta situación por parte del Departamento podría tener repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La transparencia es un elemento fundamental para restaurar esa confianza y garantizar que se rinda cuentas a los involucrados.