GPP critica la rapidez del Gobierno en el nuevo sistema de facturación electrónica y pide aplazamiento para autónomos

El GPP critica la urgencia del Gobierno en la implementación del nuevo sistema de facturación electrónica

Durante el reciente Pleno del Congreso de los Diputados, el diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Antonio Román, expresó su descontento ante lo que considera una “inacción del Ejecutivo”. Román cuestionó las tareas pendientes y las presiones de última hora que, según él, son resultado de los compromisos parlamentarios con socios inestables e independentistas.

El legislador recordó que el nuevo sistema de facturación electrónica, conocido como Verifactu, ya había sido aplazado en abril mediante un real decreto ordinario. Este aplazamiento se realizó sin recurrir a un decreto-ley, a diferencia de lo que se está haciendo actualmente para legitimar el traspaso de habilitados nacionales, un proceso que podría ser considerado presumiblemente inconstitucional.

Preocupaciones sobre la implementación y su impacto en los autónomos

Román denunció el retraso en la implantación del sistema, que estaba previsto para julio de este año. “Miles de autónomos han invertido en formación y software”, afirmó. Además, subrayó que el Partido Popular apoya la flexibilización del calendario, pero no acepta que se utilice a los autónomos como “moneda de cambio” en un decreto-ley diseñado para otros propósitos.

El diputado también hizo referencia a las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), describiéndolas como un mecanismo excepcional que permite destinar el superávit a inversiones siempre que estas sean sostenibles y cumplan con la ley de haciendas locales. Criticó la tardanza del Gobierno al señalar que muchos ayuntamientos ya han presentado sus presupuestos y han aplicado su superávit 2024 para amortizar deuda, lo cual complica la ejecución oportuna de lo autorizado.

Críticas al Real Decreto-ley 15/2025

Román argumentó que el mensaje transmitido por el Gobierno es engañoso al afirmar que no es posible ejecutar proyectos de vivienda pública dentro del plazo exigido por las IFS. “Lo anuncian, pero saben que no se puede hacer”, enfatizó. Además, calificó el Real Decreto-ley 15/2025 como una medida que “rompe el modelo nacional”, fragmenta estructuras existentes y debilita la independencia funcional en la gestión municipal.

Finalmente, concluyó afirmando que esta situación no representa una mejora ni una modernización, sino más bien una cesión política a cambio de siete votos. La crítica hacia la gestión actual resalta las preocupaciones sobre el futuro económico y administrativo del país.