El representante Thomas Massie, de Kentucky, ha presentado el PREP Repeal Act (H.R.4388), una iniciativa legislativa que busca revocar el Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act de 2005. Esta ley otorga inmunidad legal a los fabricantes y administradores de vacunas y otros contramedidas médicas durante emergencias de salud pública. Massie sostiene que este escudo de responsabilidad actual socava el debido proceso y evita que las personas lesionadas busquen justicia.
La propuesta tiene como objetivo eliminar las protecciones legales para los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 y otros actores involucrados en medidas de respuesta a la pandemia, lo que podría abrir la puerta a miles de demandas por lesiones o muertes relacionadas con estos productos. Según Massie, el PREP Act infringe derechos constitucionales al anular leyes estatales y negar a los estadounidenses lesionados la posibilidad de buscar reparación, calificando las actuales protecciones como “ley marcial de mala práctica médica”.
Un cambio en la compensación por lesiones
El proyecto también propone poner fin al Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), un sistema que ha sido objeto de críticas por rechazar más del 98% de las reclamaciones por lesiones relacionadas con la COVID-19. En lugar del CICP, las reclamaciones podrían trasladarse al National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), aunque esto presenta obstáculos legales y logísticos significativos.
A pesar del apoyo que recibe esta legislación por parte de defensores de víctimas de lesiones por vacunas, expertos legales advierten sobre la oposición significativa que enfrentará en el Congreso. La falta de respaldo público fuerte podría dificultar su aprobación, dado el impacto potencial en las empresas farmacéuticas y el sistema sanitario.
Implicaciones legales y futuras perspectivas
El PREP Act ha protegido a los fabricantes de vacunas contra la COVID-19, así como a otros actores del sector salud, de demandas civiles relacionadas con productos vinculados a la pandemia. Aunque se declaró oficialmente el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, estas protecciones permanecerán vigentes hasta al menos 2029 tras varias extensiones otorgadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Si se aprueba el PREP Repeal Act, se reabrirían los tribunales para permitir que individuos afectados por contramedidas contra la COVID-19 demanden directamente a los fabricantes y administradores. Este cambio podría dar lugar a miles de demandas previamente bloqueadas por el PREP Act. Además, Massie impugna la constitucionalidad del PREP Act al considerar que infringe leyes estatales sobre mala práctica médica.
En caso de ser aprobado, no solo se expondría a los fabricantes de vacunas y cadenas farmacéuticas a responsabilidades legales, sino que también afectaría las protecciones relacionadas con otras emergencias sanitarias como mpox, ántrax y Zika. El abogado Ray Flores, asesor legal en Children’s Health Defense, argumenta que esta derogación desmantelaría lo que él describe como una “línea de ensamblaje pandémica”, poniendo fin a mandatos masivos y autorizaciones para uso emergente (EUA) en medidas médicas.
Fuentes para este artículo incluyen:
Pandemic.news
GatewayPundit.com
NaturalNews.com
ChildrensHealthDefense.org
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
14,000 |
Número de reclamaciones presentadas al CICP |
39 |
Número de reclamaciones compensadas hasta junio de 2024 |
más del 98% |
Tasa de denegación del CICP |
10 de marzo de 2020 |
Fecha desde la cual se aplicarían las demandas retroactivamente |