Denuncia contra el comunicador libertario por un comentario en redes sociales
En un contexto marcado por reformas significativas, ciertos sectores del periodismo tradicional han decidido recurrir a la vía judicial para cuestionar al gobierno nacional. En esta ocasión, el foco de atención recae sobre Daniel «El Gordo Dan» Parisini, un influyente comunicador libertario que ha ganado notoriedad como aliado del presidente Javier Milei. Su figura ha cobrado relevancia en el nuevo paradigma de comunicación política que se caracteriza por su inmediatez y falta de intermediarios.
La denuncia proviene de Fernando Míguez, quien se presenta como ‘periodista e investigador’ y es presidente de la ONG ‘Fundación por la Paz y el Cambio Climático’. Ante la Cámara Federal, Míguez acusa a Parisini de incitación a la violencia e intimidaciones públicas, basándose en comentarios críticos dirigidos hacia periodistas conocidos por sus posturas contrarias al gobierno, tales como Baby Etchecopar, Gabriel Levinas y Roberto Cachanosky.
Alegaciones sin fundamento sólido
La supuesta amenaza formulada por Parisini consiste en un comentario retórico realizado en redes sociales, donde sugirió que sería necesario encarcelar a algún periodista por decreto, haciendo alusión a un episodio histórico de 1985 vinculado al expresidente radical Raúl Alfonsín. Sin embargo, este comentario no implica una conexión directa con los periodistas mencionados.
Míguez busca llevar el caso a instancias internacionales, involucrando organismos como el FBI y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Alega una supuesta “violencia institucional” y lo que califica como “corrupción estructural del crimen organizado desde el Estado”. Estas acusaciones son graves y carecen de pruebas concretas, lo que sugiere que podrían ser más un intento de autopromoción que un reclamo judicial legítimo.
Medidas cautelares desproporcionadas solicitadas
El escrito presentado por Míguez incluye una serie de medidas cautelares consideradas desproporcionadas. Se solicita la realización de allanamientos a las propiedades de Parisini, el secuestro de armas cuya posesión no está confirmada, así como una orden de restricción para evitar cualquier acercamiento a los periodistas mencionados. Todo esto se fundamenta únicamente en declaraciones realizadas en redes sociales, sin respaldo material alguno.
Citando los artículos 149 bis y 209 del Código Penal, Míguez intenta establecer una narrativa persecutoria contra Parisini. Este último ha expresado públicamente lo que muchos argentinos piensan: que parte del periodismo actúa como un actor corporativo que obstaculiza los esfuerzos del gobierno en materia económica y reinserción internacional.
Libertad de expresión en juego
Aquello que se presenta como incitación a la violencia no es más que un comentario irónico dentro del debate público. En una democracia, la libertad de expresión no puede ser monopolizada ni por grandes medios ni por periodistas con intereses políticos. La verdadera amenaza radica no en un tuit irónico, sino en el esfuerzo sistemático por deslegitimar a aquellos dispuestos a expresar verdades incómodas.
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