La querella fue presentada este lunes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave" al haber permitido "por acción o por omisión" la propagación de la pandemia en nuestro país.
Los once abogados que han tomado esta iniciativa representan a 3.268 personas, y ya han advertido que se podría ampliar para "incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro".
Además, no descartan otras acciones, como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y a otros asesores de Sanidad como "cooperadores necesarios".
Pese a que la demanda representa a 3.268 las personas, que han perdido a 3.274 familiares, solo se han personado 116 familias "dado que las restantes no han podido obtener el Certificado Médico de Defunción necesario".
Una "irresponsable y negligente inacción" y actuación "tardía y nefasta"
"Una crisis sanitaria", reza el texto, "que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus".