"Firmar por internet una "causa", por muy justa que esta sea, no sirve absolutamente para nada. De hecho es hasta contraproducente, porque se calma la conciencia de la gente creyendo aportar "su granito de arena" y olvidándose después de hacer nada más. Se firman en masa peticiones de asuntos de lo más variopinto, desde impedir una invasión a golpe de click hasta salvar al perrito Toby de la perrera, para después despreocuparse de seguir la evolución de dicha "causa" sin sacrificar compromiso alguno. Es como la caridad, soltar unos céntimos para sentir que se mejora el mundo, sin preocuparse en averiguar como es que alguién puede acabar tirado en la calle en un mundo tan opulento como el nuestro".
Así se desprende esta queja en la propia web de Change.org, pero vamos a ir un poco más allá. La empresa como tal, nacida en el año 2007, se financió hasta 2016 mediante "coste por adquisión", tal y como reveló en su día la investigadora de la Universidad de Valladolid, Dafne Calvo.
Para explicarlo un poco mejor a las personas que no conozcan esta forma de ingresos, se trata de que por ejemplo, las ONG que han podido ver en alguna ocasión dentro de la platafroma pagaban un porcentaje por cada suscriptor que obtenían gracias a campañas publicitarias.
Sin embargo, todo gran proyecto tiene sus pros y sus contras, y la enorme expansión de Change.org suscitó la curiosidad de los medios, que ya en 2015 apuntaban hacia la venta de datos de sus usuarios: "Cobran [a las ONG] por cada correo electrónico y teléfono [compartido]", aseguraba Voxpópuli.
El portavoz de la compañía se defendía por aquel entonces explicando que los ingresos eran de "decenas de millones de dólares", pero que todo el dinero se reinvertían en su "misión".
Fue entonces cuando las ONG dejaron de aparecer en el portal y dejaron entrever un cambio en el modelo de negocio tras las acusaciones vertidas: "Hasta ahora, cuando firmabas una petición podías ver un anuncio de alguna ONG. [...] A partir de ahora ya no verás este tipo de anuncios. Lo que verás son tres opciones para poder elegir cómo ayudar a que las peticiones lleguen más lejos y puedan conseguir victorias", explicaba la compañía en su blog.
2016: El año en que nacieron los 'changers'
Así se dio a conocer a los socios de la plataforma quienes, por el pago de entre 5 y 20 euros al mes, podrían tener "acceso a ventajas exclusivas", algo que se complementaba con otra criticada opción: las peticiones patrocinadas por los propios usuarios, algo que deja en desventaja a los visitantes con menos recursos.
El director de Change en España en aquella épooca sostenía, en cambio, que "el nivel socioeconómico es irrelevante, lo que importa es la historia que hay detrás y el cambio que quiere conseguir", explica por mail.
"No me echen de España, es urgente"
Esta era la petición del maliense Moumine Kone, un extranjero que vivía en Cáceres desde hacía una década y que llegó a recoger más 175.000 firmas de apoyo para evitar su extradición. Algo que nunca llegó a pasar y que Change muestra como una 'Victoria', sin embargo, la recogida de firmas no fue determinante: "En la resolución positiva ha tenido mucho que ver la inscripción en septiembre junto con su novia como pareja de hecho", explicaba El Diario.
Calvo evidenció además que solo en 2015 se realizaron 224 peticiones de Change de las que 93 (41,5%) incumplían los criterios que deberían seguir este tipo de solicitudes. Esto, ligado a la falsedad demostrada en varias ocasiones en los últimos años de las personas que firman las peticiones, así como el enorme negocio que se esconde detrás de la misma, ha hecho que se cuestione su honestidad y el fin último de su labor.
En el vídeo que os mostramos a continuación un 'experto' asegura que Change.org es solo un "acumulador de datos de personas" cuyas bases de datos "están monitorizadas", bajo las órdenes de Soros, y que se creía vinculada en un primer momento a Podemos, ya que el director en España de 2011 a 2017 fue Francisco Polo, que es precisamente en la actualidad Alto Comisionado para la 'España Nación Emprendedora' dentro del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
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