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PRISA pagó a un juez del Supremo para que condenara a Gómez de Liaño
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PRISA pagó a un juez del Supremo para que condenara a Gómez de Liaño

viernes 11 de octubre de 2019, 18:32h

Si alguien pensaba que por permanecer recluido en prisión José Villarejo mantendría sus no pocos secretos bajo cuerda, estaba del todo equivocado. El comisario más controvertido, y puede que el más influyente de los últimos años, sigue desgranando con cuentagotas tramas que parecen propias de un enrevesado thriller político más que noticias que copan titulares en todos los medios nacionales.

El comisario Villarejo tiene nuevo objetivo a la vista: Baltasar Garzón. En esta ocasión, ha asegurado que grabó al conocido jurista hablando sobre la operación que llevó a cabo PRISA para provocar la salida de Javier Gómez de Liaño de la carrera judicial, para lo que se habría pagado alrededor de 200.000 dólares al juez Enrique Bacigalupo (magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011 y cercano al PSOE de Felipe González) con el fin de frenar la investigación a la que estaba siendo sometida Sogecable.

Al parecer, la conversación se habría producido en un sitio conocido por no pocos políticos ‘populares’: el restaurante donde se fraguó la mismísima ‘Gürtel’. Así lo ha señalado Villarejo en una denuncia presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, adelantada por Libertad Digital, en la que hace referencia a la citada tertulia: "Años después, solo comentamos de pasada, recuerdos sobre el asunto con Baltasar Garzón durante una comida que mantuvimos junto con dos altos cargos de la Policía, coincidiendo con los preparativos de la operación Gürtel, en el restaurante Lur Maitea en la calle Fernando el Santo, 4 de Madrid. Al no estar solos, no nos excedimos en los detalles señalando, eso sí la coincidencia de estar en el mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez (Javier Gómez de Liaño)".

Bacigalupo, que en la actualidad ejerce de abogado de, entre otras grandes personalidades, el jugador del FC Barcelona Leo Messi, habría recibido un primer pago de forma directa: "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich". Otro, en cambio, se realizó a "alguien próximo al magistrado que nunca supe con certeza quién fue", se trataba de unos 170.000 dólares "desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas", según detalla el escrito del excomisario. Hay que recordar que el citado juez del Supremo condenó a Gómez de Liaño por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable.

El ya excomisario recibió además otro tipo "encargos", como el "control de movimientos de la pareja Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márque de Prado" o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales".

La Audiencia Nacional y el CNI custodian las grabaciones

Villarejo asevera que los encuentros con Garzón fueron grabados y que las cintas las custodia la Audiencia Nacional: "Algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia".

El comisario ha solicitado un exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional para que remita las microcintas a los Juzgados de Plaza de Castilla. Asegura también que uno de los encargos del Grupo PRISA consistió en presionar al propio Garzón: "En caso de que no funcionaran otras acciones, de las que no se me informó con detalles, salvo que participaban en ellas el Sr. Auger (Clemente Auger) y el Sr. Navalón (Antonio Navalón), debería actuar yo. No hizo falta. Debería hacer llegar al entorno del Sr. Garzón una copia de los datos que obtuve con ocasión de la operación Veritas y que nunca los oficialicé por desconfiar del uso que se estaba dando a los mismos por parte del Sr. Belloch (Juan Alberto Belloch) y la Sra. Robles (Margarita Robles), especialmente".

"Algunos de mis colaboradores de entonces", continúa el escrito, "habían informado de la existencia de esos datos a la cúpula de Interior del PSOE pero, al ganar las elecciones en 1996 el Partido Popular, ya no pudieron utilizarlos". En la denuncia, recuerda cómo conoció al magistrado actualmente inhabilitado: "Conocí a Baltasar Garzón a raíz de ordenarme el PSOE a través de la Sra. Robles la operación Veritas para presionarle y que dejara de instruir sobre el GAL, tras su enfrentamiento con el Sr. Belloch. A través de José Oneto, Pedro Páramo y otros, inicié las buenas relaciones que tenía hasta mi detención".

Otra de las labores que le encomendó PRISA para propiciar la caída de Liaño fue "inutilizar fuentes periodísticas", es decir, "boicotear los flujos de información que desde el interior de la Audiencia y/o del entorno de los declarados enemigos del Sr. Polanco y, en especial del Sr. Cebrián, se transmitirían a periodistas díscolos, teniendo verdadera obsesión por el Sr. Cacho (Jesús Cacho) y el Sr. Gutiérrez, entre otros. A raíz de actuaciones para el PSOE, en temas que pude haber intervenido como Ibercorp, Filesa y otros, se consideró que debiera procurar conocer el origen de la información que favorecía la instrucción de Sogecable y en la medida que fuera necesario, frustrarla todo lo máximo posible".

"Desde la fiscalía de la Audiencia Nacional, en especial, el Sr. Gordillo, así como habituales fuentes de la información económica, en especial despachos de abogados y afines, fueron poco a poco neutralizados con un aceptable nivel de éxito".

Cabe destacar que los hechos denunciados por Villarejo ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que inicialmente iban a prescribir el próximo martes 15 de octubre, se prorrogarán seis meses tras la presentación de la denuncia, tal y como recoge el artículo 132.2.2ª del Código Penal.

¿Aceptarán los Juzgados madrileños a trámite la denuncia?

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