PDVSA

Roszarubezhneft, una empresa estatal rusa, ha declarado la plena propiedad de todos los activos petroleros desarrollados en Venezuela, desafiando las afirmaciones de Estados Unidos sobre el papel de empresas occidentales en la revitalización del sector energético venezolano. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, tras sanciones estadounidenses y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, apoyado por Moscú. Rusia asegura que sus adquisiciones cumplen con la legislación venezolana e internacional y reafirma su compromiso con las joint ventures con PDVSA. La estrategia de Rusia busca consolidar su influencia en Venezuela, mientras que Estados Unidos intenta contrarrestar el poder ruso y chino en América Latina. La situación resalta la rivalidad entre Moscú y Washington por el control de los vastos recursos energéticos de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a las compañías petroleras estadounidenses que inviertan en Venezuela como condición para recibir compensaciones por los activos expropiados en el país. Según fuentes citadas por Politico, funcionarios del gobierno han indicado a los ejecutivos que deben estar dispuestos a regresar e invertir en la industria petrolera venezolana, que se encuentra en crisis. La propuesta ha generado incertidumbre entre las empresas debido al deterioro de la infraestructura y la falta de claridad sobre el liderazgo futuro en Venezuela. Trump espera que estas inversiones iniciales sean asumidas por las petroleras, prometiendo reembolsos por sus esfuerzos para revitalizar la producción de petróleo en el país. Sin embargo, la situación actual y los riesgos asociados han llevado a una respuesta cautelosa por parte de la industria.

Estados Unidos ha llevado a cabo su primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares, poco después de una agresión militar que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Los ingresos de esta transacción se depositaron en cuentas controladas por el gobierno estadounidense, siguiendo una orden de Trump para proteger la renta petrolera venezolana. Se anticipan más ventas en las próximas semanas. El crudo venezolano se vende a un precio superior al que recibía anteriormente, y el gobierno de Venezuela ha cooperado en este proceso. La situación se desarrolla en medio de tensiones políticas y acusaciones sobre el control unilateral de la industria petrolera venezolana por parte de EE.UU.

Chevron ha reducido el precio del crudo venezolano vendido a refinerías estadounidenses tras la incautación de un petrolero sancionado por fuerzas estadounidenses. Esta acción es parte de una renovada campaña de presión de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, buscando aislar financieramente a Venezuela. A pesar de las tensiones, Chevron continúa sus operaciones en el país, pero la reducción de precios refleja su vulnerabilidad ante los cambios geopolíticos. La incautación del buque "Skipper" y las nuevas sanciones intensifican la inestabilidad en el mercado energético, afectando la capacidad exportadora de PDVSA y generando reacciones negativas desde Caracas. Este desarrollo marca un retorno a una política de "máxima presión" que busca debilitar las finanzas del régimen venezolano mediante sanciones energéticas.