04/06/2025@12:12:09
El Gobierno de España ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, como parte de un nuevo Real Decreto. Esta medida, impulsada por el Ministerio de la Presidencia y Justicia, busca mejorar la respuesta del sistema judicial ante casos de violencia de género y sexual, ampliando las competencias para incluir todos los delitos sexuales contra mujeres. Se prevé un incremento del 50% en jueces especializados en este ámbito, garantizando atención eficaz a las víctimas. Además, se crearán Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y Adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga. Las nuevas plazas comenzarán a funcionar el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con la implementación de una nueva estructura judicial que transformará 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia.
Reformas Justicia
Bolaños destaca la importancia de un consenso nacional para avanzar en las reformas judiciales necesarias que modernicen el sistema y beneficien a la ciudadanía
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió en el Senado la agenda reformista del Gobierno en materia de Justicia durante su comparecencia en la Comisión de Justicia. Destacó que estas reformas son necesarias para modernizar un sistema judicial obsoleto y que han sido respaldadas por diferentes gobiernos. Bolaños subrayó el aumento significativo del gasto en Justicia y la digitalización del sistema, posicionando a España como líder en Europa en este ámbito. Además, presentó iniciativas legislativas clave, como la Ley Orgánica para fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal, y enfatizó la importancia de alcanzar un consenso nacional para avanzar en estas reformas. Para más detalles, visita el enlace.
El Ministerio de Justicia de España ha lanzado una nueva plataforma digital que permite a abogados, procuradores y otros profesionales del derecho acreditar el intento de acuerdo antes de iniciar un proceso judicial. Esta herramienta emitirá documentos validados y firmados digitalmente, facilitando la presentación ante los tribunales como prueba de haber buscado soluciones extrajudiciales. La iniciativa busca promover la mediación y conciliación, aliviando la carga de trabajo en los juzgados y fomentando una cultura del diálogo. Además, se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que transformará el sistema judicial para hacerlo más ágil y eficiente, con un enfoque en reducir la litigiosidad y mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos.
La Junta de Andalucía propone la creación de al menos 22 nuevas plazas de jueces especializados en violencia de género, en respuesta a la creciente carga de trabajo y las nuevas competencias establecidas por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Durante una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el consejero José Antonio Nieto expresó su preocupación por la insuficiencia de las nueve plazas anunciadas por el Gobierno central. Esta medida busca garantizar un servicio adecuado para las víctimas y mejorar la administración de justicia en los 70 partidos judiciales andaluces afectados. La Junta también aboga por un diálogo más efectivo con el Gobierno para abordar las necesidades financieras y organizativas derivadas de esta transformación judicial.
La Junta de Andalucía critica la reforma de la Justicia del Gobierno español, calificándola de "invito y tú pagas llevado al extremo". El consejero José Antonio Nieto solicita financiación para las Oficinas de Justicia Municipales, destacando que la adaptación a la nueva Ley de Eficiencia conlleva un coste significativo no previsto en los presupuestos. La falta de recursos estatales está generando problemas en la implementación de medidas como la mediación obligatoria, que ha aumentado drásticamente las demandas. Además, se están creando nuevos servicios públicos de mediación y se prevén cambios estructurales en los juzgados. La Junta exige apoyo financiero para cumplir con los plazos establecidos por la ley y mejorar el sistema judicial en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha ampliado la prestación económica a los abogados de oficio para el asesoramiento en procesos de mediación obligatorios, incluso si no se alcanza un acuerdo. Esta medida, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, responde a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y busca fomentar la resolución alternativa de conflictos antes de iniciar demandas. Los abogados podrán recibir hasta 400 euros por sus servicios, mientras que se está creando el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) para facilitar estos procesos. La estrategia andaluza promueve el diálogo y busca reducir la carga judicial mediante la mediación.
El Ministerio de Justicia de España ha iniciado el proceso de acoplamiento del personal a los nuevos Tribunales de Instancia, en el marco de la primera fase de implementación de la Ley de Eficiencia. Este procedimiento incluye la libre designación del cuerpo de letrados y un concurso específico para puestos singularizados. Con esta medida, se busca reestructurar más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, promoviendo la especialización y unificación de criterios judiciales. La fecha límite para la constitución de todos los tribunales es el 31 de diciembre de 2025, y el ministerio está colaborando con las comunidades autónomas para asegurar una transición efectiva. Para más información, visita el enlace.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la nueva Ley de Eficiencia transformará el sistema judicial en España, haciéndolo más ágil, cercano y digital. Durante su intervención en las XX Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia en Palma, destacó que las comunidades autónomas ya han recibido fondos europeos para implementar esta ley. Además, garantizó que los juzgados de violencia sobre la mujer contarán con los recursos necesarios para asumir todos los delitos de violencia sexual a partir de octubre. La ley también prevé la creación de nuevos juzgados y plazas para jueces, así como la simplificación del sistema judicial al transformar 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia. Estas reformas buscan mejorar la eficiencia del servicio público de justicia en España. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/bolanos-asegura-que-la-ley-de-eficiencia-hara-la-justicia-mas-agil-cercana-y-digital-y-garantiza-el-apoyo-del-ministerio-para-implementarla/.
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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió en el Senado la agenda reformista del Gobierno en materia de Justicia, destacando su importancia para modernizar un sistema obsoleto. Durante su intervención, subrayó que estas reformas son necesarias y cuentan con amplio respaldo político. Bolaños mencionó que el Gobierno ha incrementado significativamente el gasto en Justicia y ha impulsado la digitalización, posicionando a España como líder en Europa en este ámbito. También se refirió a la Ley de Eficiencia y otras iniciativas legislativas que buscan mejorar la organización y funcionamiento del sistema judicial. Para más detalles, visita el enlace.
Félix Bolaños, ministro de Justicia de España, se reunió con el nuevo presidente y la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para celebrar los avances en la implementación de la Ley de Eficiencia. Esta ley permitirá la creación del Tribunal Central de Instancia el 31 de diciembre de 2025, marcando una transformación significativa en el sistema judicial español. Bolaños destacó también los esfuerzos en digitalización, que han llevado a la Audiencia Nacional a modernizar su gestión judicial mediante la introducción de medios digitales. Para más detalles, visita el enlace.
La Junta de Andalucía ha iniciado la licitación para la rehabilitación de los juzgados de Úbeda, con un presupuesto de 213.105 euros. Las obras se enfocarán en mejorar la eficiencia energética del edificio y preservar su valor patrimonial, que data del siglo XV. Entre las intervenciones destaca la sustitución del lucernario y las carpinterías, así como la instalación de mallas anti aves para proteger la fachada. Este proyecto es parte del Plan de Infraestructuras Judiciales, que busca modernizar todos los partidos judiciales andaluces. Los interesados pueden presentar ofertas hasta el 3 de junio.
La Junta de Andalucía considera "ridículo" el cálculo del Ministerio de Justicia que estima en 3,3 millones de euros el coste total de la Ley de Eficiencia en la comunidad. El consejero José Antonio Nieto argumenta que solo la ampliación de personal necesaria para adaptar 70 partidos judiciales en la primera fase asciende a 3,5 millones anuales. La ley requiere una transformación significativa del sistema judicial andaluz, con un coste total estimado de alrededor de 60 millones de euros. Nieto critica la falta de diálogo del Gobierno central y denuncia que los fondos mencionados por el ministro son recursos anteriores relacionados con la digitalización judicial, no vinculados a esta reforma.
La nueva ley en España, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, establece la obligación de intentar una solución extrajudicial antes de interponer demandas civiles o mercantiles. Esta normativa busca fomentar el diálogo y reducir la carga de los tribunales, exceptuando casos específicos como violencia de género y tutela de derechos fundamentales. La ley también introduce cambios en el sistema de costas judiciales y prevé una reforma estructural del sistema judicial para hacerlo más ágil y eficiente, con la creación de Tribunales de Instancia que mejorarán la especialización y organización judicial. Para más detalles, visita el enlace.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las nuevas plantillas de la estructura judicial establecida por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta reforma incluye la creación de 431 Tribunales de Instancia que unifican los juzgados unipersonales, mejorando la especialización y eficiencia en la gestión judicial. Además, se establecerán Oficinas Judiciales para centralizar servicios y garantizar el acceso equitativo a la justicia en todo el territorio. La implementación completa está prevista para el 31 de diciembre de 2025, con apoyo financiero para las comunidades autónomas con competencias en justicia. Para más información, visita el enlace.
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