Regulación empresarial
El Corporate Transparency Act (CTA), diseñado para combatir el lavado de dinero, ha enfrentado serios problemas de implementación desde su promulgación en 2021. A pesar de un fallo judicial en febrero de 2025 que restableció la ley, la red de control financiero (FinCEN) anunció una política de no aplicación para la fecha límite de presentación del 21 de marzo de 2025, generando incertidumbre entre las pequeñas empresas. Con menos del 13% de las entidades cubiertas cumpliendo con los requisitos, el CTA ha sido criticado por imponer cargas desproporcionadas a los negocios legales mientras no disuade a los criminales. Actualmente, hay siete demandas desafiando la constitucionalidad del CTA y se han propuesto cambios legislativos bipartidistas para aliviar estas exigencias. La situación resalta la creciente carga regulatoria sobre las pequeñas empresas y su potencial impacto negativo en el emprendimiento y el crecimiento económico.
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