El Partido Popular (PP) ha señalado a Pedro Sánchez como el responsable político de la incomparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Este hecho se produce en el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, donde cerca de 80,000 personas cruzaron la frontera. Los representantes del PP han criticado la falta de respuesta del Gobierno y han advertido que vulnerar la Constitución no puede quedar impune. Además, han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para exigir que se restablezcan los derechos de los senadores y se rinda cuentas sobre la gestión de la crisis.

El Partido Popular, representado por la senadora Asunción Mayo, sostiene que el respeto a las instituciones y símbolos del Estado es compatible con la libertad de expresión. Durante una sesión de control al Gobierno, Mayo criticó a la ministra portavoz Elma Saiz por desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE. Además, cuestionó la coherencia del Gobierno en cuanto a los derechos fundamentales y la despenalización del enaltecimiento del terrorismo, sugiriendo que se prioricen leyes que realmente beneficien a los ciudadanos.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, afirma que el PP respeta las decisiones judiciales y se diferencia del Gobierno en su enfoque. En una entrevista, destacó que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no aborda el fondo de la cuestión sobre la amnistía, sino que se limita a evaluar dos aspectos específicos planteados por tribunales españoles. Muñoz enfatizó que el proceso judicial continúa en España y subrayó la necesidad de centrar el debate en problemas sociales como la vivienda y la educación en Cataluña.

El Parlamento Europeo ha aprobado la apertura de negociaciones para reformar la política de retorno de inmigrantes irregulares en la UE, impulsada por el Partido Popular Europeo. Esta reforma busca aumentar la efectividad de los retornos, ya que actualmente solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno en la UE, y en España apenas un 9,7%. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, destacó que esta medida contradice la política migratoria del Gobierno español y establece procedimientos uniformes para agilizar los retornos y mejorar la cooperación entre Estados miembros. La nueva normativa incluye sanciones por incumplimiento y refuerza las garantías de derechos fundamentales, con el objetivo de desincentivar las rutas irregulares y combatir el tráfico de personas.