criminal justice

El número de muertes de indígenas en custodia en Australia ha alcanzado su nivel más alto desde 1980, con 33 de las 113 muertes registradas en el último año siendo de personas indígenas. Este aumento significativo se ha documentado en un informe del Instituto Australiano de Criminología, que revela que los pueblos aborígenes y isleños del Estrecho de Torres representan más de un tercio de la población carcelaria, a pesar de ser menos del 4% de la población total. La mayoría de las muertes fueron clasificadas como "autoinfligidas", y la edad promedio de los fallecidos fue de 45 años. Expertos advierten que esta situación refleja una "crisis nacional" que requiere atención urgente y acción política.

La noticia aborda la controversia en torno a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, quienes supuestamente operaron un esquema de explotación sexual y tráfico de menores con conexiones a la inteligencia israelí, específicamente al Mossad. A pesar de la evidencia pública que sugiere un encubrimiento por parte de instituciones estadounidenses como el FBI y la CIA, se argumenta que las élites no enfrentan consecuencias legales. El artículo critica la falta de acción frente a este escándalo, señalando una hipocresía moral en el tratamiento del caso debido a sensibilidades culturales relacionadas con Israel. Se hace un llamado a confrontar estos hechos y exigir responsabilidad por lo que se considera una grave violación de derechos humanos. Para más información, visita el enlace completo.

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Criminal Central de Lisboa condenó a 23 acusados, incluidos 10 individuos y 13 empresas, por un esquema masivo de fraude fiscal en la venta de bienes electrónicos en la UE. La investigación, conocida como "Admiral", reveló un daño estimado de €2.9 mil millones. Los principales perpetradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de cinco a ocho años por fraude al IVA, lavado de dinero y corrupción. Además, se impusieron multas y confiscaciones significativas. Esta es solo la primera fase de una investigación más amplia que continúa en otros países europeos.

La Corte Suprema de Maryland ha declarado en 2023 que el análisis de marcas de herramientas de armas de fuego, utilizado durante décadas para vincular balas a armas, es científicamente poco fiable y no puede usarse como prueba concluyente en casos penales. Esta decisión se basa en estudios que muestran que los examinadores no coinciden en más del 50% de los casos, lo que pone en duda la certeza de tales pruebas. La sentencia obliga a revisar cientos de condenas basadas en testimonios de balística desacreditados, lo que podría tener repercusiones a nivel nacional sobre la credibilidad forense. Los defensores ven esto como un paso crucial hacia la justicia, mientras que los expertos advierten sobre la necesidad de estándares más rigurosos en el análisis forense. Para más información, visita el enlace.

La implementación de la tecnología de reconocimiento facial en Londres ha generado un intenso debate sobre la vigilancia y la privacidad. Desde 2024, la Policía Metropolitana ha realizado 1,035 arrestos utilizando reconocimiento facial en vivo (LFR), escaneando a 2.4 millones de personas con una tasa de éxito del 0.04%. Aunque se han capturado delincuentes como agresores sexuales y ladrones, críticos advierten que el 99.9% de los escaneados no tenían antecedentes criminales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la erosión de la privacidad. La Met defiende LFR como una herramienta innovadora para mejorar la seguridad pública, pero los defensores de la privacidad temen que esta tecnología pueda normalizar la vigilancia masiva y amenazar las libertades democráticas. A medida que el uso del LFR se expande, surgen preguntas cruciales sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales en sociedades democráticas.