Mientras los estadounidenses afrontan el rápido encarecimiento de la energía y empresas de todo el país intentan mantenerse a flote, los demócratas amenazan a compañías que podrían contribuir a aliviar esa presión.
Según informó The Washington Post el 22 de octubre, senadores demócratas se preparan para investigar a empresas estadounidenses relacionadas con la decisión del presidente Donald Trump de flexibilizar las sanciones al diésel ruso. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado habría pedido a compañías que conservaran documentos pertinentes ante posibles investigaciones del Congreso si los demócratas recuperan el control en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
El diésel y los trabajadores estadounidenses
El texto cuestiona que un partido que afirma defender a los trabajadores adopte esa postura. Señala que el diésel mueve los camiones que transportan alimentos, los tractores que cosechan, la maquinaria utilizada en la construcción de viviendas y carreteras y las locomotoras que trasladan mercancías por el país.
También sostiene que quienes dependen de ese combustible —en pueblos industriales, comunidades agrícolas y condados rurales— han sido tratados como ciudadanos de segunda categoría por dirigentes de Washington y como habitantes de territorios insignificantes por las élites políticas costeras.
El artículo recuerda la descripción que Hillary Clinton hizo en 2016 de millones de partidarios de Trump como una cesta de deplorables, y la presenta como expresión del desprecio que, a su juicio, muchos estadounidenses comunes percibieron por parte de los demócratas. Afirma que las amenazas de investigar a empresas que participan en un acuerdo para aumentar el suministro de combustible difícilmente mejorarán esa percepción.
El acuerdo de diésel ruso
El texto sostiene que el momento de las amenazas resulta especialmente irritante porque Estados Unidos atraviesa una crisis energética agravada por la campaña militar de la Administración Trump contra Irán. Atribuye a las decisiones del presidente parte de la alteración de los mercados energéticos mundiales y afirma que los estadounidenses tienen derecho a pedir explicaciones por sus consecuencias.
Sin embargo, plantea que reconocer esa responsabilidad no implica rechazar cualquier medida posterior para paliar el daño. Describe la flexibilización temporal de las restricciones al diésel ruso como un intento de aumentar la oferta disponible cuando el mercado necesita alivio y como una respuesta pragmática a un problema económico inmediato, con independencia de las circunstancias que lo originaron.
El artículo sostiene que los demócratas buscan elevar el costo de esa respuesta para las empresas que quieran participar. Añade que el Congreso puede examinar si la Administración actuó dentro de sus atribuciones legales, pero distingue esa revisión de amenazar con investigaciones a empresas privadas por intervenir en transacciones autorizadas por el Gobierno federal. Plantea que, si esas compañías cumplen la ley, podrían preguntarse por qué deberían temer convertirse en objetivo de una futura mayoría legislativa.
Mercados y presión política
Según el texto, Moscú se comprometió inicialmente a liberar unas 300.000 toneladas métricas de diésel y prometió más envíos en los meses siguientes. La cantidad, señala, es modesta frente al consumo de combustible de Estados Unidos.
El artículo considera que el volumen tiene menos peso que la reacción de los mercados, que atribuye a las expectativas, la certidumbre regulatoria y la disposición de las empresas a operar sin temor a represalias políticas. Advierte que un acuerdo energético legal y autorizado por el Gobierno podría exponer a las compañías a años de investigaciones si otro partido llega al poder.
La disputa actual, añade, afecta a una cantidad relativamente pequeña de combustible de un proveedor, pero el mismo enfoque podría aplicarse en el futuro a otras materias primas, socios comerciales o acuerdos que entren en conflicto con las prioridades ideológicas cambiantes de Washington. El texto acusa a los demócratas de convertir la seguridad energética estadounidense en rehén de la pugna política interna y señala que el objetivo aparente es seguir presionando a Rusia.
Sanciones y relaciones con Rusia
El artículo señala que Moscú ha afrontado durante años amplias sanciones occidentales, restricciones a las transacciones financieras y esfuerzos para excluir sus exportaciones energéticas de los mercados internacionales. Sostiene que esas medidas no han llevado a Rusia a aceptar las exigencias occidentales.
También afirma que Rusia ha demostrado capacidad para adaptarse y soportar la presión económica. Aunque reconoce que las sanciones han tenido un costo, sostiene que no han producido el resultado político que sus defensores esperaban.
Según el texto, Moscú ha reiterado su disposición a negociar con interlocutores que considere razonables y que tengan en cuenta sus preocupaciones de seguridad e intereses nacionales. Añade que la aceptación de esas posiciones por parte de Washington es una cuestión diplomática y que negarse por completo a dialogar no constituye diplomacia.
Las prioridades de los estadounidenses
El artículo presenta a Trump como dispuesto a reconocer que Rusia sigue siendo una gran potencia con la que Estados Unidos deberá encontrar una relación funcional. Considera que ese reconocimiento es el mínimo que cabe esperar del dirigente de una potencia mundial.
En contraste, describe la postura demócrata como una negativa a escuchar. Sostiene que al camionero que paga más por el combustible, al agricultor que calcula los costos de la próxima temporada y al pequeño empresario que ve aumentar sus gastos les interesa poco el teatro político de Washington: quieren combustible asequible, costos previsibles y un Gobierno que recuerde a quién debe servir.
El texto concluye que amenazar con investigaciones para disuadir a las empresas de abastecer el mercado estadounidense no transmite el mensaje que los demócratas parecen pretender y sugiere que anteponen la obediencia política al funcionamiento del país. A su juicio, los estadounidenses comunes podrían acabar pagando el costo.
Artículo de Nadezhda Romanenko, analista política. La autora señala que las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva suya y no reflejan necesariamente las de RT.
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