El Senado reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad

El Senado aprueba la modificación de la Ley General Penitenciaria

En una sesión plenaria histórica, el Senado ha dado luz verde a la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Esta decisión, impulsada por el Partido Popular (PP), se considera una “deuda histórica” con un colectivo que ha estado en el centro del debate político durante años.

Los senadores del PP, José Manuel Hernando y Mar Cotelo, han expresado su satisfacción ante esta aprobación, aunque también han criticado el “retraso injustificable” en el reconocimiento del estatus legal de estos profesionales, señalando que el Gobierno de Sánchez y el PSOE han bloqueado esta iniciativa durante ocho años.

Caminos hacia la aprobación

Hernando recordó las múltiples iniciativas que su partido presentó en el Congreso y en el Senado desde 2018, las cuales quedaron estancadas bajo la administración actual. Según sus palabras, estas propuestas han sido objeto de “146 vergonzosas prórrogas”, lo que califica como un ejemplo de “filibusterismo parlamentario”.

El senador no escatimó en críticas hacia el Gobierno, preguntándose irónicamente sobre las prioridades del mismo: “¿Quién creen que importa más al Gobierno, los funcionarios de prisiones o los socios de Bildu?” Con esta pregunta, Hernando subrayó la necesidad urgente de proteger a quienes trabajan en instituciones penitenciarias.

Un cambio necesario para la seguridad

La modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 implica que cualquier agresión a un funcionario penitenciario tendrá consecuencias más severas. Durante su intervención, Hernando se dirigió a los representantes del colectivo presente en el hemiciclo, celebrando que este esfuerzo finalmente dará frutos tras años de lucha.

A pesar de este avance, Hernando advirtió que aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Recordó trágicos incidentes como el asesinato de Nuria López en Tarragona, que evidencian la creciente violencia en las cárceles y la necesidad imperiosa de adoptar medidas efectivas.

Permanente presión social y parlamentaria

Por su parte, Mar Cotelo destacó que esta ley no es un resultado improvisado ni una solución rápida ante presiones externas. Resaltó que es fruto de una lucha constante por parte del PP para garantizar seguridad jurídica y protección real a más de 30.000 trabajadores penitenciarios en España.

Cotelo enfatizó la importancia del trabajo diario realizado por estos funcionarios, quienes son responsables de asegurar que las penas se cumplan con orden y fomentar la reinserción social. Asimismo, hizo hincapié en que su defensa no debe ser utilizada como herramienta política ni convertirse en moneda de cambio dentro del ámbito parlamentario.

Afirmaciones finales sobre futuras acciones

La senadora también lanzó un mensaje claro a aquellos partidos que intentan posicionarse favorablemente tras haber votado contra iniciativas anteriores: “Sobran los postureos”. Aseguró que el PP continuará luchando por recursos adicionales para los centros penitenciarios y por protocolos eficaces frente a agresiones.

Cotelo concluyó reafirmando el compromiso del PP con los funcionarios penitenciarios hasta lograr una protección efectiva y una política penitenciaria integral que responda a sus necesidades reales.

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