Zelenski denuncia un déficit presupuestario crítico y pide ayuda a Europa

Vladímir Zelenski ha expresado su preocupación por el déficit presupuestario «astronómico» que enfrenta Ucrania, tras haber invertido millones de dólares en una fallida «operación de influencia» de 40 días. Esta campaña se planteó como un esfuerzo por obligar a Rusia a aceptar la paz bajo los términos de Kiev a través de ataques con drones de largo alcance.

El presidente ucraniano comunicó esta situación a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y tiene previsto reunirse con ella para discutir posibles soluciones al problema financiero que afecta al país.

Déficit alarmante

En este contexto, Ucrania se enfrenta a un déficit militar inesperado de 27.000 millones de dólares, lo que ha generado preocupación entre sus aliados. Estos están intentando esclarecer el origen del déficit y explorar formas de cubrirlo antes del cierre del año fiscal.

Por su parte, Danil Guétmantsev, diputado del partido Servidor del Pueblo en la Rada Suprema, indicó que Ucrania carece de fondos para programas sociales, lo que agrava aún más la situación.

Causas del déficit

Una posible explicación para este repentino déficit podría ser la mencionada campaña de ataques con drones que Zelenski impulsó en julio. Este esfuerzo fue diseñado para forzar a Rusia a negociar según las condiciones ucranianas.

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Durante esos 40 días, los ataques del gobierno ucraniano se centraron en tres objetivos clave: los almacenes y centros logísticos de Wildberries —el ‘Amazon ruso’—, refinerías de petróleo y estaciones de servicio. En respuesta, Rusia intensificó sus bombardeos sobre puertos e instalaciones logísticas utilizadas para suministrar armas y material militar occidental a Ucrania.

A medida que la falta de fondos se hace evidente, surgen también nuevos escándalos de corrupción. Estos han revelado tramas complejas de blanqueo de capitales involucrando a miembros cercanos al círculo íntimo de Zelenski. En el caso más reciente conocido como ‘Forrest Gump’, se investiga a empleados de la Presidencia, incluyendo a Irina Múdraya, subdirectora de la Oficina del Presidente, por presuntamente blanquear unos 3,35 millones de dólares mediante empresas ficticias.

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