En la Comisión de Juventud e Infancia

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Ana Alós, ha denunciado que el Gobierno ha tardado “26 días en reaccionar” ante una crisis que, según ella, fue gestionada con una “combinación letal de negligencia, incompetencia e improvisación”. Alós exigió explicaciones sobre las acciones del Ministerio de Juventud e Infancia durante este periodo crítico.

Alós recriminó al Ejecutivo que, a pesar de haber prometido que “todas las personas que habían entrado de forma irregular serían devueltas a Marruecos”, un mes después no se ha realizado ninguna acción concreta para cumplir con dicho compromiso. Afirmó que lo sucedido el pasado 30 de julio no fue un simple episodio migratorio, sino un “ataque a la soberanía nacional y una crisis de seguridad” que había sido advertida por los servicios de inteligencia y que el Gobierno decidió ignorar.

Crisis en Ceuta

La situación en Ceuta es crítica, con el Poder Judicial demandando mayores esfuerzos y la oficina de Extranjería enfrentando una falta de personal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desbordadas, mientras que las Fuerzas Armadas se encuentran incapaces de actuar o defenderse adecuadamente.

Ana Alós criticó al Gobierno por convertir “las competencias exclusivas del Estado, como la política migratoria y la seguridad nacional, en una carga estructural para las comunidades autónomas”, comenzando por Ceuta. Además, solicitó información sobre cuántos menores permanecen actualmente en la ciudad y denunció las inconsistencias en las cifras proporcionadas por el Gobierno. En particular, mencionó que hoy Pedro Sánchez ofreció una cifra diferente, lo cual indica falta de consenso.

Reunificación familiar y protección

La portavoz popular consideró que el Ejecutivo no ha iniciado “el único camino que realmente protege a estos menores”: “la reunificación con su familia o la puesta a disposición de los sistemas de protección de las autoridades marroquíes”. Recordó que la Ley de Extranjería establece claramente la repatriación de menores extranjeros no acompañados y destacó que España tiene un acuerdo bilateral con Marruecos que obliga a ambos países a colaborar en su identificación y retorno concertado.

Alós subrayó también que Marruecos tiene la obligación de contar con un sistema adecuado para proteger a los menores. “No me hable usted solo del derecho de los menores; también existe la obligación de protegerlos frente a su instrumentalización”, afirmó. El acuerdo entre ambos países incluye medidas para prevenir el uso indebido de menores como medio para facilitar entradas irregulares.

Obstáculos legales y garantías en los retornos

Ana Alós sostuvo que “no hay ningún obstáculo legal insalvable”, sino más bien una “ausencia de voluntad política para activar los expedientes individuales requeridos por la ley”. Demandó que los retornos se realicen siguiendo procedimientos adecuados y garantizando derechos: “uno a uno, pero todos”. Remarcó además que la sentencia sobre las devoluciones del 2021 no declara ilegal la repatriación de menores a Marruecos; más bien considera ilegales aquellas devoluciones realizadas sin procedimiento adecuado ni valoración individualizada.