Por Ángela García

La investigación internacional iniciada tras la incautación de 1.345 kilos de cocaína en la autopista A63, cerca de Burdeos, afronta en Andorra una de sus fases judiciales más relevantes. El Tribunal de Corts deberá decidir en septiembre si autoriza la extradición a Francia del empresario español de 37 años detenido el pasado 9 de junio en Escaldes-Engordany.

El investigado permanece en prisión preventiva en el centro penitenciario de La Comella desde su arresto. Las autoridades francesas lo reclaman por su presunta participación en una organización dedicada al transporte y la distribución de grandes cantidades de droga desde España hacia otros países europeos.

La extradición, sin embargo, todavía no ha sido autorizada.

Durante la vista celebrada el 29 de julio, la Fiscalía andorrana solicitó al Tribunal de Corts que aceptara la entrega. El ministerio público sostuvo que la reclamación francesa cumple los requisitos previstos legalmente y que la acusación presenta una apariencia suficiente de verosimilitud para que la investigación continúe ante la justicia del país solicitante.

Un procedimiento de extradición no tiene como finalidad determinar la culpabilidad del reclamado. El Tribunal de Corts no debe juzgar ahora si el empresario participó o no en la operación, sino comprobar si la solicitud francesa cumple las condiciones legales necesarias, si los hechos también serían delictivos en Andorra y si la entrega respeta sus derechos fundamentales.

Será, en su caso, la justicia francesa la que deberá examinar las pruebas y establecer las responsabilidades penales.

La defensa rechaza la entrega

Las abogadas del investigado solicitaron que la extradición fuera denegada. En primer lugar, cuestionaron la solidez de los indicios trasladados por Francia y defendieron que las comunicaciones telefónicas incluidas en la investigación podrían haber sido interpretadas de manera incorrecta.

Según la versión expuesta durante la vista, algunas conversaciones atribuidas a una posible organización logística del transporte de droga se referirían, en realidad, a ayudas económicas entre personas o familias próximas.

El empresario negó cualquier relación con los hechos investigados y manifestó ante el tribunal que no reconoce ni las acusaciones ni el significado que las autoridades francesas atribuyen a las pruebas incorporadas al expediente.

La defensa también recordó que el reclamado carece de antecedentes penales y puso sobre la mesa un segundo argumento: las condiciones del centro penitenciario de Bordeaux-Gradignan, donde previsiblemente podría ingresar en prisión preventiva si finalmente fuera entregado.

Sus abogadas aportaron informes sobre la sobreocupación de la prisión y advirtieron de que determinadas condiciones de internamiento podrían comprometer su seguridad y sus derechos fundamentales. La Fiscalía rechazó que este argumento sea suficiente para impedir la extradición y defendió que Francia ofrece las garantías propias de un Estado sujeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal de Corts deberá valorar si las condiciones denunciadas en la prisión francesa de Bordeaux-Gradignan pueden afectar a la extradición o si resulta necesario solicitar garantías específicas a las autoridades francesas antes de autorizar la entrega.

Una investigación iniciada en 2025

El origen del caso se sitúa el 10 de agosto de 2025. Aquel día, los investigadores franceses interceptaron en la autopista A63, a la altura de Cestas, un camión procedente de España que se dirigía hacia Centroeuropa.

En su interior se encontraron decenas de sacos ocultos en cajas de madera que contenían un total de 1.345 kilos de cocaína. La droga fue valorada entonces entre 30 y 40 millones de euros en el mercado de distribución al por mayor.

La investigación estaba dirigida por la Jurisdicción Interregional Especializada de Burdeos y contó con la participación de la Gendarmería francesa, la Oficina Antidroga de Francia y la Guardia Civil española.

El conductor del vehículo, español y de 36 años en el momento de su detención, fue puesto a disposición judicial en Francia. Las informaciones publicadas posteriormente señalan que los datos obtenidos tras su arresto, junto con comunicaciones telefónicas y movimientos analizados por los investigadores, habrían conducido hasta el empresario residente en Andorra.

Conviene subrayar que se trata de indicios incorporados a una investigación todavía abierta. Su contenido deberá ser sometido a contradicción y valoración judicial, y ninguna de las personas investigadas puede ser considerada culpable mientras no exista una sentencia firme.

Registros en Andorra y Zaragoza

La detención del empresario en Escaldes se produjo en el marco de una comisión rogatoria internacional y de una actuación coordinada entre las autoridades andorranas, españolas y francesas.

Durante el registro de su domicilio en el Principado, la Policía localizó dispositivos electrónicos, relojes de alta gama, una tarjeta vinculada a una cuenta de criptomonedas y cerca de 5.000 euros en efectivo.

De manera paralela, se practicaron registros en Zaragoza. Allí fueron intervenidos unos 20.000 euros, tres kilos de marihuana, otro reloj de alta gama, documentación y diferentes dispositivos electrónicos.

Los investigadores atribuyen al reclamado la presunta organización de la logística de los transportes desde una empresa con sede en España. La droga investigada no habría atravesado territorio andorrano.

Según la información conocida públicamente, las autoridades francesas también habrían solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias que el empresario pudiera mantener en Andorra y, eventualmente, en España. Esta medida tiene carácter cautelar y no demuestra por sí misma que el dinero posea un origen ilícito.

Hasta la vista celebrada el 29 de julio, tampoco constaba públicamente la apertura en Andorra de un procedimiento penal independiente por blanqueo de capitales derivado de estos hechos.

Una decisión que todavía puede prolongarse

El Tribunal de Corts comunicará previsiblemente su resolución durante el mes de septiembre. Hasta entonces, el empresario continuará en prisión preventiva en La Comella.

Si Corts autoriza la extradición, la defensa podrá estudiar los recursos previstos por el ordenamiento andorrano. La entrega a Francia, por tanto, podría no ser inmediata. Si la rechaza, el tribunal deberá fundamentar si su decisión responde a una insuficiencia jurídica de la reclamación, a la necesidad de proteger derechos fundamentales o a cualquier otra causa prevista legalmente.

El caso A63 no solamente ha revelado la dimensión de una investigación que conecta Francia, España y Andorra. También coloca al Principado ante una decisión delicada: cooperar en la persecución del narcotráfico internacional y, al mismo tiempo, garantizar que toda persona reclamada sea entregada únicamente cuando existan garantías jurídicas suficientes.

En septiembre conoceremos la primera respuesta judicial. La responsabilidad penal, sin embargo, todavía deberá demostrarse ante un tribunal.