Las últimas intervenciones policiales en pisos turísticos, la sanción a clientes y la reforma del Código Penal apuntan a un cambio de criterio en el Principado, que hasta ahora mantenía una política de tolerancia no regulada.
Andorra parece estar entrando en una nueva fase en su forma de abordar la prostitución. Las recientes actuaciones policiales en pisos donde se ejercía esta actividad, especialmente en apartamentos turísticos, han reabierto el debate sobre si el Principado está abandonando poco a poco su tradicional modelo de tolerancia discreta para avanzar hacia un esquema más próximo al francés, donde el foco de la persecución se sitúa en el cliente.
El cambio no se ha producido mediante una gran declaración política ni a través de una ley integral sobre la prostitución, sino a través de intervenciones sucesivas, sanciones administrativas y reformas penales que van dibujando un nuevo escenario.
Uno de los casos más significativos se produjo en marzo de 2026 en Encamp. La Policía desmanteló un piso en el que se ejercía la prostitución tras varias semanas de investigación. En el interior fueron localizadas dos mujeres y un cliente. La novedad más relevante fue que el cliente acabó sancionado por infringir la Ley cualificada de Seguridad Pública, que prohíbe solicitar servicios sexuales a una persona que ejerce la prostitución. Una de las mujeres fue detenida, además, por posesión de tusi.
Meses después, en junio de 2026, una investigación publicada por el Diari d’Andorra volvió a poner el foco en este fenómeno, esta vez en la zona de Doctor Mitjavila. La Policía controló a ocho mujeres no residentes en un piso con licencia turística y reconoció que se trataba del tercer caso detectado durante el año. El dato apunta a una modalidad concreta: prostitución itinerante en apartamentos turísticos, con mujeres que no residen en el país y que utilizan estos inmuebles como base temporal de actividad.
El debate se amplía, además, con la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno andorrano. Según la revista ALTO, el texto plantea considerar prostitución determinados contenidos sexuales personalizados realizados mediante interacción directa y remunerada por internet. Es decir, Andorra no estaría actuando únicamente sobre la prostitución presencial, sino también sobre nuevas formas digitales vinculadas al comercio sexual.
Este conjunto de medidas coloca al Principado en una posición cada vez más cercana al modelo francés. En Francia, la prostituta no es castigada, pero sí el cliente, dentro de una lógica abolicionista que busca reducir la demanda. España, en cambio, sigue instalada en una zona gris: la prostitución no está prohibida como tal, el cliente generalmente no es perseguido y el proxenetismo sí está castigado.
La situación andorrana presenta, sin embargo, una contradicción de fondo. Por un lado, aumentan los controles policiales, se sanciona a clientes, se vigilan apartamentos turísticos y se reforma el marco penal. Por otro, la prostitución sigue sin estar regulada, no existe un estatuto jurídico claro, no hay registro, no hay inspección específica ni una política pública integral sobre esta realidad.
El resultado es un endurecimiento progresivo de la respuesta del Estado sin que se haya definido todavía un modelo legal completo. Andorra parece estar reforzando la vía policial y penal antes de abrir un debate político y social de fondo.
La pregunta, por tanto, ya no es solo si hay más operaciones contra la prostitución en pisos turísticos. La cuestión principal es qué modelo quiere adoptar realmente el Principado: mantener una tolerancia no regulada, avanzar hacia una regulación específica o asumir de forma clara un planteamiento abolicionista similar al francés. Mientras ese debate no se produzca, el cambio seguirá siendo silencioso, pero cada vez menos discreto.
Andorra cambia su enfoque sobre la prostitución con nuevas sanciones y reformas legales.
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