Alfonso Guerra ha vuelto a levantar la voz. Ahora, desde la comodidad de su jubilación, advierte que España está al borde de convertirse en un Estado confederado, camino de la disolución. Suena rotundo, incluso alarmante. Pero conviene recordar un detalle que a menudo se olvida: durante años fue parlamentario, nada menos que presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. Y entonces, ¿qué hizo para frenar esas derivas separatistas que hoy denuncia? Nada.
Mientras Zapatero abría la puerta a la reinterpretación del Estado, mientras se alimentaba el independentismo desde las instituciones, Guerra callaba. O, al menos, no alzó la voz con la misma contundencia que hoy utiliza ante los micrófonos. Tenía poder, tenía cargo, tenía influencia. Pero no la usó.
Resulta fácil ejercer de profeta del desastre cuando uno ya no tiene responsabilidades, cuando ya no hay que enfrentarse a las consecuencias políticas de plantar cara dentro del propio partido. Porque no nos engañemos: Guerra no está denunciando nada nuevo. Todo lo que dice ahora estaba ya en marcha cuando él ocupaba escaño y despacho en el Congreso.
Lo que estamos viendo es un patrón que se repite demasiadas veces en la política española: dirigentes que callan mientras cobran del Estado, que asienten mientras sus jefes de filas imponen estrategias suicidas para la unidad nacional, y que solo se atreven a hablar cuando ya están fuera de juego.
La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve la advertencia de Alfonso Guerra ahora? España no necesita jubilados con discursos brillantes en conferencias. Necesitaba que, en su momento, quienes tenían poder hicieran algo. Lo demás, palabras huecas.
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