Juan Carlos le planteó, en varias ocasiones, a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Mariano Rajoy su decisión de divorciarse de Sofía de Grecia para legalizar la relación con su amante la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El entonces monarca desistió de su intención por el aspecto económico de dicha ruptura.
Sofía y Juan Carlos gozan del régimen de bienes gananciales, por lo que a la entonce Reina le correspondía, tras el divorcio, disponer de la mitad de la fortuna de su marido, valorada en varios miles de millones de euros. Los asesores y abogados informaron al hoy Rey emérito que no había manera de soslayar esta circunstancia, lo que le hizo desistir por el coste económico que tal decisión conllevaba.
Este argumento, según el entorno conocedor de las gestiones, tuvo más peso que la opinión de los dirigentes políticos claramente contrarios al divorcio por el daño que causaría a la Monarquía, ya en una situación delicada por el caso Urdangarín y el episodio de la cacería de elefantes en Botsuana.
El ordenamiento jurídico español no recoge el status del Rey cuando abdica ni qué sucede si éste se divorcia. En junio del pasado año las Cortes Generales tuvieron que regular mediante Ley Orgánica, según ordena el artículo 57 de la Constitución, la abdicación y que Juan Carlos y Sofía mantuvieran su condición de Reyes.
En caso de que, finalmente, se produjese el divorcio de los “reyes abdicantes”, lo más lógico, en opinión de expertos en Derecho Constitucional, es que se reuniesen las Cortes Generales para decidir sobre la transmisión y derechos de ambas herencias, y si una vez divorciados Juan Carlos y Sofía mantendrían su condición de reyes.
De producirse una mayoría de izquierda en el Parlamento como resultado de las elecciones generales de noviembre, sacar adelante una Ley Orgánica de esta índole con el consenso necesario se complicaría en la próxima legislatura.
Cuando Juan Carlos contrajo matrimonio, en mayo de 1962, su fortuna personal era inexistente. Al cabo de los años ha logrado acumular un multimillonario patrimonio mediante comisiones por el petróleo que España importa de los países árabes así como otros negocios, que el “New York Times” calcula, a grosso modo, en miles de millones de euros.
El problema, a juicio de las citadas fuentes, es que en un matrimonio roto desde hace bastantes años las posiciones están muy enconadas: Juan Carlos no quiere que el divorcio le prive de la mitad de su fortuna, y Sofía no está dispuesta a que la parte que legalmente le corresponde se la apropie la última compañera sentimental de su marido.
Para desbloquear una situación que le resulta bastante incómoda, Juan Carlos estaría contemplando
transferir a Corinna fondos depositados en entidades bancarias fuera de España a través de empresas interpuestas. Por su parte, Corinna se vería obligada a aceptar una serie de condiciones para el uso y disfrute de la lluvia de millones. Esas estipulaciones son las que está redactando un conocido despacho de abogados madrileño.
Adelantábamos en nuestra anterior información la preocupación en Zarzuela por el empeño de Juan Carlos deque se le encarguen misiones diplomáticas y de representación en actos internacionales, como tomas de posesión de nuevos presidentes. Y sobre todo, que sea designado para representar a España en misiones económicas en el Golfo Pérsico, donde su figura es muy respetada por las familias reales de esos países.
En Zarzuela tienen claro que no es apropiado que ejerzan dos reyes de España simultáneamente, ya que no se entendería la figura de Felipe VI si quien también viaja al extranjero en misiones diplomáticas o de representación es otro Rey, al que conocen de toda la vida y que se supone abdicó hace un año.
Se quiere convencer a Juan Carlos que debe de dejar de representar a España, y cuando este argumenta que también hay dos Papas, uno ejerciendo y otro emérito, como es su caso, se le responde que Benedicto XVI está recluido en un convento y nada se sabe de sus actividades, porque no las ejerce.
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