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El Congreso de los Diputados ha aprobado medidas del Partido Popular (PP) para combatir lo que consideran un "infierno fiscal" impuesto por el Gobierno. Entre las iniciativas respaldadas se encuentra la deflacción del IRPF y la exención de IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85,000 euros anuales. Además, se ha dado luz verde a una Proposición no de Ley que busca endurecer las sanciones por tenencia ilegal de armas blancas, ante un aumento significativo de delitos relacionados. Esta propuesta incluye aumentar la lista de armas prohibidas y mejorar el control en ventas online, en respuesta al incremento del uso de estas armas en delitos violentos en diversas comunidades autónomas.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, destacó en un encuentro con La Razón los logros de Juanma Moreno en Andalucía, afirmando que su modelo puede ser replicado en España. Feijóo expresó su solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz y criticó al Gobierno por su manejo del siniestro. También lamentó la falta de atención del Ministerio de Transportes hacia Málaga y defendió que su partido ha trabajado para limpiar las instituciones andaluzas de corrupción. Además, subrayó que los avances en Andalucía se han logrado a pesar de la discriminación gubernamental.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha declarado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue clave para la entrada de la trama de las mascarillas en Baleares durante la pandemia. Según Muñoz, la investigación de la UCO revela que Armengol conocía la corrupción y mintió en las comisiones de investigación. Además, criticó su papel en el Congreso al afirmar que socava su independencia y toma decisiones contrarias a la ley bajo influencia del Ejecutivo. En otro contexto, elogió a Fernando López Miras por ofrecer estabilidad frente al gobierno de Pedro Sánchez.

El Partido Popular ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), situando a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, Salvador de Foronda, portavoz del PP, criticó los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa, señalando que estos préstamos no eran donativos y cuestionando su legalidad. De Foronda destacó que mientras muchas pymes luchaban por sobrevivir, algunas empresas privilegiadas recibían apoyo financiero sin cumplir con los requisitos necesarios. Además, advirtió sobre indicios de blanqueo de dinero y pidió una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la SEPI.

El Partido Popular ha señalado irregularidades en el rescate de Plus Ultra, atribuyéndolas a gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE, el senador Juan José Sanz Vitorio expuso que estas irregularidades se produjeron gracias a un supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Se argumenta que la influencia del exmandatario en Venezuela permitió obtener un aplazamiento de la deuda de la aerolínea y facilitar su rescate mediante la SEPI. Además, se mencionó la creación de una sociedad pantalla relacionada con este proceso, donde gran parte de los fondos públicos habrían beneficiado a la familia de Zapatero. La comparecencia reveló conexiones entre las empresas familiares y el rescate, así como preguntas sobre posibles comisiones y vínculos societarios sin respuestas claras.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado en un encuentro con jóvenes en la UC3M de Getafe que el Partido Popular se compromete a establecer "orden, humanidad y legalidad" en la inmigración. Muñoz destacó la importancia de que los inmigrantes lleguen a España con un contrato de trabajo y propuso devolver a sus países de origen a aquellos que cometan delitos. También criticó las políticas del Gobierno actual, acusándolo de fomentar la okupación ilegal y cuestionó las inconsistencias en los anuncios sobre construcción de viviendas por parte de Pedro Sánchez. Además, expresó confianza en que se formarán gobiernos de derechas en comunidades donde hay demanda para ello.

El Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seleccione a los candidatos españoles para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales. La iniciativa busca asegurar que las designaciones se realicen con criterios de transparencia y mérito, en cumplimiento de las normativas europeas. Esta reforma surge tras críticas al actual sistema, que permite al Gobierno controlar estas selecciones, lo que el PP considera una amenaza a la independencia judicial. La propuesta también aboga por que los jueces elijan a sus pares, tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo así la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

En el Pleno del Senado, la portavoz de Justicia del GPP, Pepa Pardo, acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de liderar un "linchamiento público" contra jueces que emiten resoluciones desfavorables. Pardo criticó la falta de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, señalando que Bolaños ha presionado al CGPJ y amenazado a otros tribunales. Además, denunció su relación con casos de corrupción y cuestionó su moralidad al formar parte de un gobierno respaldado por figuras controvertidas. Las asociaciones judiciales han calificado sus ataques como "inadmisibles".

Miguel Tellado, secretario general del PP, critica a Francina Armengol en el Congreso insular del PP de Mallorca, sugiriendo que debería presentarse ante la justicia para aclarar su relación con Koldo García, implicado en una trama de corrupción. Tellado acusa a Armengol de mentir y de ser responsable directa de la corrupción en Baleares, instando a su dimisión y colaboración con las autoridades. Además, destaca el cambio positivo en Baleares tras la salida de Armengol y la llegada de Marga Prohens al poder, resaltando la transparencia y los alivios fiscales implementados por el nuevo gobierno.

El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación en el Parlamento Europeo sobre el control político de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades (LIBE), advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones independientes contra la corrupción, haciendo referencia a casos recientes que involucran al Gobierno español y a figuras cercanas al mismo. El informe también critica la falta de implementación por parte de España de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y denuncia el uso indebido del sistema judicial con fines políticos. Además, se menciona la interferencia gubernamental en los medios públicos como un problema adicional.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al no investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestionó si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contravención del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoció que existen normas para prevenir prácticas anticompetitivas, su respuesta evitó abordar los conflictos de interés planteados. Montserrat exigió una investigación rigurosa para asegurar la transparencia y la igualdad en el mercado europeo, subrayando que no es aceptable una respuesta formalista ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica duramente al Gobierno de España por lo que califica como un "infierno fiscal" que perjudica a los ciudadanos. En una reciente rueda de prensa, denuncia que los fondos públicos no se destinan a servicios esenciales, sino a "mordidas, corruptelas y amigas de Ábalos". Muñoz también cuestiona la gestión del Gobierno en relación con tragedias recientes y señala la falta de transparencia en la financiación del PSOE. Advierte sobre posibles distracciones mediáticas que el Ejecutivo podría usar para desviar la atención de estos escándalos.

Tristana Moraleja, portavoz de Comercio del GPP, criticó en la Comisión de Economía del Congreso la falta de políticas efectivas del Gobierno para la juventud, destacando que 7 de cada 10 jóvenes en España siguen siendo económicamente dependientes a los 34 años. Moraleja señaló que el país presenta uno de los mayores retrasos en emancipación juvenil dentro de la UE, debido a la precariedad laboral y las dificultades para acceder a vivienda. Además, cuestionó al vicepresidente del Gobierno por el bajo grado de ejecución de los Fondos Europeos y por su falta de diálogo con el PP sobre ciertos decretos. La diputada concluyó que los resultados de las políticas actuales no están beneficiando a la población.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado la campaña de la renta denunciando el "infierno fiscal" del Gobierno de Sánchez. Se comprometió a reducir los impuestos si llega a ser presidente, afirmando que no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Durante su intervención, destacó la carga fiscal que enfrentan los autónomos y propuso seis medidas fiscales para aliviar la presión tributaria, incluyendo la reducción del IVA en alimentos básicos y la bonificación del IRPF para jóvenes. Feijóo criticó el aumento del coste de vida y la pobreza infantil en España, señalando que mientras los ciudadanos pagan más impuestos, reciben menos a cambio.