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Decreto energético
27/03/2026@13:40:35
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, critica al Gobierno por la presentación tardía y deficiente del decreto anticrisis, que según él encubre una reforma energética. Pregunta si se han introducido medidas para "inventarse subvenciones y comprar votos". Bravo argumenta que el decreto no es un verdadero apoyo a las familias, sino una forma de controlar proyectos estratégicos sin supervisión. Además, señala que el Gobierno ha recaudado 70 millones extra en IVA de carburantes y que si hubieran aplicado antes las propuestas del PP, las familias habrían ahorrado 190 millones. Exige la deflactación del IRPF y critica la falta de consulta con las comunidades autónomas sobre las medidas fiscales. Concluye que el decreto llega tarde y no incluye todas las medidas necesarias.
Veto gubernamental
María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno está "amordazando" y "anulando olímpicamente la soberanía popular" al vetar enmiendas del PP aprobadas en el Senado relacionadas con la multirreincidencia. En su intervención, Moro criticó el veto como antidemocrático y abusivo, argumentando que vulnera la Constitución y limita la capacidad de voto del Parlamento. Además, cuestionó la oposición del Gobierno a incrementar la plantilla de fiscales y a establecer controles para la regularización de extranjeros. Moro destacó la necesidad de reformas que fortalezcan las normas penales y los recursos en las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia.
Dimisión ministro
El diputado del GPP, Eduardo Carazo, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente en Adamuz que costó la vida a 47 personas. Durante la sesión de control al Gobierno, Carazo criticó la falta de responsabilidad y transparencia del ministro, acusándolo de mentir sobre las irregularidades en el mantenimiento ferroviario. Además, destacó que las víctimas merecen una investigación imparcial y que el caos en las infraestructuras ferroviarias persiste bajo su gestión.
Inmigración España
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la negativa del Gobierno a permitir la votación de una enmienda del Partido Popular que exigiría verificar los antecedentes penales de inmigrantes a regularizar. Advierte que esta situación podría convertir a España en un "coladero de delincuentes", contraviniendo las leyes europeas. Además, Muñoz denuncia la parálisis legislativa y la falta de presupuestos tras casi tres años de gobierno, señalando a María Jesús Montero como responsable. También cuestiona las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre su relación con líderes venezolanos y exige al Gobierno una revisión del Real Decreto de medidas anticrisis.
Política nacional
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, criticó duramente a María Jesús Montero durante un pleno, afirmando que pasará a la historia como una mujer que traicionó a su país por mantener a un hombre en su puesto. Muñoz cuestionó la gestión de Montero al frente del Ministerio de Hacienda, señalando la falta de Presupuestos Generales del Estado y acusándola de incompetencia y corrupción. Además, destacó la necesidad de evaluar el uso efectivo del poder en lugar de su acumulación y reprochó el silencio de Montero sobre casos polémicos relacionados con otros miembros del gobierno.
RTVE manipulación
Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, ha denunciado en la comisión mixta de control a RTVE que el presidente José Pablo López está manipulando la información y ninguneando a los profesionales de la corporación. Acusa a López de ser sectario y de silenciar voces críticas, además de criticar el alto número de entrevistas a miembros del Gobierno en comparación con otros contenidos. Los representantes del GPP han manifestado su preocupación por la falta de pluralismo y el uso de RTVE como un altavoz gubernamental, lo que consideran perjudicial para la reputación y el funcionamiento de la televisión pública.
Puente aéreo
Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha exigido al Gobierno la creación urgente de un puente aéreo entre Málaga y Madrid para mitigar el impacto de la supresión del servicio AVE durante Semana Santa. Denuncia el "abandono intolerable" hacia Málaga y critica la falta de planificación del Ministerio de Fomento, que no restablecerá el servicio ferroviario hasta finales de año. Bendodo propone un plan de choque que incluya vuelos a precios asequibles y la eliminación o bonificación de peajes en las autopistas locales para compensar los desplazamientos por carretera. Además, insta a reforzar los vuelos diarios con aviones de mayor capacidad para atender la demanda creciente.
Transparencia política
El Partido Popular (PP) ha presentado una moción en el Senado exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto al control parlamentario. Los senadores José Alberto Armijo y Luis Martínez-Portillo han denunciado la falta de cumplimiento del Gobierno con las normas democráticas, resaltando que solo se ha sometido al control del Senado en una ocasión durante esta legislatura. La moción busca que el Ejecutivo facilite el acceso a la información pública y actúe con más transparencia, criticando su opacidad y el absentismo de los ministros en las sesiones de control. Además, se destaca que el Gobierno actual es considerado el más opaco desde la instauración de mecanismos de control, lo que vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se toman decisiones que les afectan.
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Ayuntamientos Madrid
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha responsabilizado a la ministra María Jesús Montero de que los ayuntamientos no puedan utilizar sus remanentes para vivienda y exige el pago de 3.000 millones de euros que se les adeuda. Critica la falta de atención del Gobierno hacia los problemas municipales y denuncia que la Comisión Nacional de Administración Local solo se ha reunido por orden judicial tras más de un año sin convocatorias. Bendodo también subraya la necesidad de un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local para resolver las dificultades económicas que enfrentan los consistorios.
Corrupción política
Miriam Guardiola, portavoz adjunta del GPP, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un "lodazal de corrupción" durante el Pleno del Congreso. Denunció varios casos que afectan al PSOE y a su entorno, como los de Ábalos y Aldama, además de otros bajo investigación. Guardiola afirmó que la corrupción no solo implica robar, sino también manipular procesos internos y liberar a terroristas para mantener el poder. Mencionó audios que sugieren pagos para influir en jueces y fiscales, calificando la situación de "cloacas" y "mafia". También cuestionó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su silencio ante estas acusaciones y lo describió como un "cartucho quemado".
Decreto anticrisis
Irene Garrido, diputada del GPP, critica al Gobierno por su tardía y dividida respuesta a la crisis, afirmando que los españoles ya están sufriendo sus efectos. En el debate sobre la Moción del GPP, señala que el decreto anticrisis del Ejecutivo es insuficiente, ya que no incluye medidas efectivas para aliviar la carga económica de las familias, como la adaptación del IRPF a la inflación. Además, lamenta la falta de coherencia en las decisiones del Consejo de Ministros y urge al Gobierno a implementar medidas urgentes para controlar los precios energéticos y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Crítica política
En la reciente sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó la gestión del Gobierno de Sánchez, afirmando que "recauda más que nunca y España se cae a pedazos". Sugirió que el presidente debería nombrar a Puente como vicepresidente y ministro de Hacienda para igualar la incompetencia de Montero. Feijóo enumeró casos en los que no ha habido dimisiones por problemas como el apagón o la huelga de médicos, cuestionando el uso de los 179.000 millones recaudados en impuestos en los últimos ocho años. También criticó la falta de presentación de presupuestos mientras los ciudadanos deben afrontar el impuesto sobre la renta.
Educación especial
Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha anunciado que el PP presentará un plan en el próximo Pleno del 7 de abril para proteger los centros de educación especial bajo la LOMLOE. Durante una jornada sobre educación especial, García destacó que la libertad de las familias y la existencia de estos centros están amenazadas por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Subrayó la necesidad de garantizar una educación inclusiva y personalizada, defendiendo que los padres deben tener la opción de escolarizar a sus hijos en centros de educación especial. Además, enfatizó que el PP es un defensor de los principios de libertad e igualdad en educación.
Seguridad presas
El Partido Popular (PP) ha presentado una moción en el Senado que exige al Gobierno un plan urgente para garantizar la seguridad y mantenimiento de las presas estatales. La iniciativa, respaldada por los senadores Melania Mur y Javier Márquez, destaca la necesidad de abordar el envejecimiento de estas infraestructuras y critica la falta de inversión del Gobierno de Sánchez. Los senadores alertan sobre los riesgos asociados a la inacción gubernamental y proponen medidas específicas, como auditorías técnicas, refuerzo de recursos humanos y un aumento en la dotación presupuestaria para asegurar la operatividad de las presas. Además, denuncian casos de corrupción vinculados al Ministerio de Transición Ecológica, sugiriendo que si se hubieran detectado irregularidades, se habría actuado con mayor diligencia en materia de seguridad hidráulica.
Crítica política
Fernando Martínez-Maíllo, senador del Grupo Popular, criticó duramente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una interpelación en el Senado. Maíllo lo calificó de "completamente inútil" y afirmó que pasará a la historia como el peor ministro del Interior en España. Señaló que Marlaska es el ministro peor valorado de la democracia y acusó su gestión de provocar la reprobación por parte de diversas asociaciones policiales. Además, cuestionó su política penitenciaria, incluyendo beneficios a presos de ETA, y denunció la falta de transparencia en su departamento. También planteó inquietudes sobre posibles irregularidades en la compra de armas ilegales y la falta de investigaciones sobre incidentes relacionados con la Guardia Civil.
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