Se ha registrado el complejo que ocupaba la comunidad, de más de 100.000 metros cuadrados, formado por multitud de casas cueva, albergue, almacenes, templos, búnkeres y laboratorios clandestinos y se han intervenido casi 200 kg de mercurio, material con el que el detenido estaría practicando la alquimia para crear elixires energizantes.
Los arrestados, cuatro de ellos han entrado en prisión, eran miembros de la banda del ‘Tripocho’ que, presuntamente, se dedicaban a la comisión de atracos a mano armada con extrema violencia.
El líder de esta red criminal era a su vez miembro de la banda motera ‘Bandidos’ y coordinaba la introducción de la droga en España y su posterior envío a Dinamarca. En los registros llevados a cabo en ambos países se pudieron intervenir 70.000 euros en efectivo, un arma de fuego, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes así como diverso material informático y documentos relacionados con la actividad delictiva.
El fugitivo estaba reclamado por las autoridades peruanas por intento de homicidio y se solicitaba una pena de diez años de prisión. El reclamado internacional habría intentado matar a su pareja tras discutir con ella, la habría cogido del cuello amenazándola de muerte con un cuchillo.
Llegaban a España engañadas para trabajar como personal de limpieza y con la falsa promesa de que les pagarían el viaje y los trámites para regularizar su situación administrativa, pero una vez en nuestro país las obligaban a prostituirse para pagar la deuda que habían contraído.
Mediante la técnica de spoofing, los ciberdelincuentes suplantaban los números de teléfono de las entidades bancarias de las víctimas y se ganaban su confianza hasta conseguir toda la información necesaria para acceder a sus cuentas.
El detenido, en una discusión con el novio de su expareja, agredió a éste con un arma blanca en zonas vitales. Tras los hechos se marchó a Colombia para huir de la justicia, pero regresó a España con una identidad falsa para visitar a su familia.
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El grupo absorbía y coaccionaba a otros clubes moteros existentes en las islas para hacerse con el control del territorio. Las detenciones se producen fruto de las amenazas y episodios violentos que los miembros del capítulo realizaban sobre otros grupos moteros a los que consideraban rivales.
Contaba con hasta 50 detenciones y estaba requerido por seis reclamaciones judiciales de juzgados de diferentes puntos del territorio nacional. El prófugo contaba con una extensa red de vínculos familiares en un entorno cerrado, de difícil acceso policial, que facilitaba su ocultación.
Hay 45 personas detenidas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración para cometer las estafas, llegando a utilizar placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. La organización disponía de un listado de 12.894 personas de avanzada edad, que ya habían sido estafadas o iban a serlo próximamente, y que había obtenido de empresas dedicadas a la venta a domicilio.
Los detenidos, en el marco de una investigación que se inició en 2022, son cuatro jóvenes que residían en Madrid y las provincias de Barcelona y Granada. El líder del grupo realizaba un consumo masivo de contenido violento y utilizaba las redes sociales para captar y adoctrinar a otros usuarios.
El arrestado utilizaba diferentes redes sociales, así como servicios de mensajería instantánea, tanto para descargar como para difundir estos contenidos y ofrecía a su propia hija a terceros para mantener relaciones sexuales. La madre de la menor, también detenida, mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban pornografía infantil.
El sindicato de la Policía Nacional JUPOL ha reivindicado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el referéndum independentista del 1-O para criticar la "indecente" ley de amnistía, que ven un "ataque directo a la democracia" y un "golpe en el que se dinamita el actual Estado de Derecho y la división de Poderes".
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