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Greenpeace

La semana pasada la secretaria de Estado de Comercio negó que se ocultara información pero las evidencias disponibles revelan que el Ejecutivo omite envíos a ciertos países. Por ello, Greenpeace pide la derogación de la ley franquista de secretos oficiales que permite al Gobierno operar al servicio de la industria armamentística y de espaldas al Parlamento.

La investigación desvela la connivencia entre Gobierno e industria y confirma la participación de un exministro de Defensa en la venta de morteros y munición localizados en el conflicto de Yemen. Greenpeace tiene abierto un procedimiento judicial contra el Gobierno para exigir el acceso a información sobre comercio de armas españolas, que pueden estar siendo utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional.

Estados Unidos e Italia han anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que encabezan la coalición que bombardea Yemen donde desde 2015 han muerto más de 12.000 civiles y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares.

Organizaciones estatales y de diferentes territorios del estado se aúnan en un paso histórico para exigir a la vicepresidenta Ribera y al Ejecutivo español un cambio de rumbo inmediato. La normativa europea exigía a España reutilizar y reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020, un objetivo que la denuncia ante la Comisión Europea demuestra que no se va a cumplir ya que se sitúa por debajo del 35%. La queja ha sido aceptada a trámite hoy mismo.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.

En más de 100 localidades de todo el país han aparecido esta semana miles de contenedores amarillos de reciclado de envases con pegatinas que contienen el mensaje “Ecoembes miente”.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 15 de septiembre por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Greenpeace condena enérgicamente la decisión del Gobierno japonés de arrojar los más de 1,23 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas almacenadas en tanques en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en el océano Pacífico.

Según un análisis de la Climate Action Network y Bankwatch, España incumple todos los requisitos demandados por la Comisión Europea para la participación pública en los Planes de Recuperación Nacionales. "Los fondos europeos suponen una oportunidad única para impulsar la transformación del sistema que obligan a poner en marcha procesos de participación pública", destaca Greenpeace, que insiste en la necesidad de caminar hacia una Recuperación Verde y Justa que sería viable con una inversión equivalente al 4,8% del PIB en los próximos 4 años.

Concentrados frente al Congreso de los Diputados, varios activistas de diversas organizaciones, entre las que se cuenta ATTAC, Amigos de la Tierra, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Feministas por el Clima, Greenpeace, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Observatorio de Multinacionales en América Latina–Paz con Dignidad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma contra los Fondos Buitre y Red Ecofeminista, han representado el «reparto del pastel» en referencia a la previsible adjudicación desigual de los fondos de recuperación europeos tras la crisis de la COVID–19.

Las flotas pesqueras internacionales, incluida la española, ‘arrasan’ a diario las aguas de la zona. La organización ecologista Greenpeace urge al Gobierno español a que colabore con países como Senegal o Mauritania en la sostenibilidad de sus sectores pesqueros locales.

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han querido expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas y han exigido al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial a través de un manifiesto.

Greenpeace ha publicado textos filtrados del Acuerdo de Asociación UE - Mercosur, complementario al Acuerdo de Libre Comercio aprobado el año pasado, cuyo contenido no se ha hecho aún público. El texto, apoyado por el Gobierno español, no obliga a los estados a respetar el Acuerdo de París, incumpliendo así los compromisos del PSOE. De salir adelante, "se aceleraría la destrucción de la Amazonía, desatando el caos climático y aniquilando innumerables especies".

Activistas de Greenpeace han desplegado esta mañana una pancarta sobre las vías de Atocha para denunciar la falta de trenes en un verano marcado por la crisis de la COVID-19.