www.mil21.es

Greenpeace

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática.

Las flotas pesqueras internacionales, incluida la española, ‘arrasan’ a diario las aguas de la zona. La organización ecologista Greenpeace urge al Gobierno español a que colabore con países como Senegal o Mauritania en la sostenibilidad de sus sectores pesqueros locales.

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han querido expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas y han exigido al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial a través de un manifiesto.

Greenpeace ha publicado textos filtrados del Acuerdo de Asociación UE - Mercosur, complementario al Acuerdo de Libre Comercio aprobado el año pasado, cuyo contenido no se ha hecho aún público. El texto, apoyado por el Gobierno español, no obliga a los estados a respetar el Acuerdo de París, incumpliendo así los compromisos del PSOE. De salir adelante, "se aceleraría la destrucción de la Amazonía, desatando el caos climático y aniquilando innumerables especies".

Activistas de Greenpeace han desplegado esta mañana una pancarta sobre las vías de Atocha para denunciar la falta de trenes en un verano marcado por la crisis de la COVID-19.

El abandono del medio rural incrementa la vulnerabilidad ante los incendios de alta intensidad en España y en el marco de la actual emergencia climática, según destaca Greenpeace en un informe dado a conocer este miércoles, en el que advierte de que los fuegos son "un problema de seguridad nacional" que debe abordarse desde el fortalecimiento del ámbito rural.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió ayer el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a la Comisión Europea, dando así por cumplida la obligación exigida en el Reglamento UE 2018/1999, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a los Estados miembros de probar un PNIEC (con la estrategia de reducción de emisiones hasta 2030) y una Estrategia a Largo Plazo (hasta 2050), que debía estar cumplida para el pasado 31 de diciembre de 2019.

El juzgado de instrucción número 53 de Madrid, ha in admitido una querella interpuesta por la asociación de juristas Sociedad Humana para que se investiguen los términos de la autorización del Gobierno al envío en septiembre de 2018 de 400 bombas guiadas a Arabia Saudí.
  • 1

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.

En más de 100 localidades de todo el país han aparecido esta semana miles de contenedores amarillos de reciclado de envases con pegatinas que contienen el mensaje “Ecoembes miente”.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 15 de septiembre por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Greenpeace denuncia el presunto asesinato de un observador pesquero de I-Kiribati y exige la intervención de la ONU para garantizar una investigación efectiva y exhaustiva.

Las organizaciones alertan también al Ejecutivo del riesgo de que el armamento exportado a Irak, Egipto y Turquía pueda ser desviado para los conflictos de Libia, Siria y Yemen.

Cuando se cumplen cinco años del comienzo de la guerra civil Yemení, Greenpeace pide al Gobierno la paralización de todos los envíos de armamento destinado a los países de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ya que podría ser empleado para cometer graves violaciones del derecho internacional. Naciones Unidas ha hecho este mismo llamamiento.