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Ecologistas en Acción

El Banco de España ha publicado los datos de la deuda pública de junio. La deuda neta de las Administraciones públicas (Gobierno, seguridad social, comunidades autónomas y corporaciones locales) aumentó en ese mes en 23.478 millones de euros, hasta alcanzar los 1.425.620 millones (1,4 billones).

Con motivo del primer aniversario del estallido de la crisis sanitaria y en plena campaña de vacunación, Ecologistas en Acción recuerda que el origen de la pandemia no es fruto del azar y que hay que responder a sus causas de fondo.

Concentrados frente al Congreso de los Diputados, varios activistas de diversas organizaciones, entre las que se cuenta ATTAC, Amigos de la Tierra, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Feministas por el Clima, Greenpeace, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Observatorio de Multinacionales en América Latina–Paz con Dignidad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma contra los Fondos Buitre y Red Ecofeminista, han representado el «reparto del pastel» en referencia a la previsible adjudicación desigual de los fondos de recuperación europeos tras la crisis de la COVID–19.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 15 de septiembre por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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La defensa del medio ambiente en los tribunales es una de las herramientas que utiliza Ecologistas en Acción para conseguir una sociedad más justa que sea compatible con un planeta saludable. Las distintas federaciones y grupos locales han llevado a los tribunales en 2020 un total de 244 casos para su protección.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió ayer el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a la Comisión Europea, dando así por cumplida la obligación exigida en el Reglamento UE 2018/1999, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a los Estados miembros de probar un PNIEC (con la estrategia de reducción de emisiones hasta 2030) y una Estrategia a Largo Plazo (hasta 2050), que debía estar cumplida para el pasado 31 de diciembre de 2019.