El tribunal destaca que la Administración demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, un concepto que no incluye “mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”. Los jueces recuerdan que en la sentencia de primera instancia “no se dice que los muebles sean propiedad del Estado, ni nunca se tocó esa cuestión en todo el litigio”.
Traductor
