criminal justice

La implementación de la tecnología de reconocimiento facial en Londres ha generado un intenso debate sobre la vigilancia y la privacidad. Desde 2024, la Policía Metropolitana ha realizado 1,035 arrestos utilizando reconocimiento facial en vivo (LFR), escaneando a 2.4 millones de personas con una tasa de éxito del 0.04%. Aunque se han capturado delincuentes como agresores sexuales y ladrones, críticos advierten que el 99.9% de los escaneados no tenían antecedentes criminales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la erosión de la privacidad. La Met defiende LFR como una herramienta innovadora para mejorar la seguridad pública, pero los defensores de la privacidad temen que esta tecnología pueda normalizar la vigilancia masiva y amenazar las libertades democráticas. A medida que el uso del LFR se expande, surgen preguntas cruciales sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales en sociedades democráticas.

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Criminal Central de Lisboa condenó a 23 acusados, incluidos 10 individuos y 13 empresas, por un esquema masivo de fraude fiscal en la venta de bienes electrónicos en la UE. La investigación, conocida como "Admiral", reveló un daño estimado de €2.9 mil millones. Los principales perpetradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de cinco a ocho años por fraude al IVA, lavado de dinero y corrupción. Además, se impusieron multas y confiscaciones significativas. Esta es solo la primera fase de una investigación más amplia que continúa en otros países europeos.