comision de investigacion

Gerardo Camps, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, denuncia que María Jesús Montero, exministra de Hacienda, admitió no haber leído los expedientes antes de aprobar los rescates de Plus Ultra y Air Europa. En la Comisión de Investigación de la SEPI, Camps cuestiona qué información tenía Montero y qué pudo haber ocultado. Resalta su falta de conocimiento sobre documentos clave mientras mantenía reuniones regulares con el presidente de la SEPI. Además, critica su intento de eludir responsabilidades políticas y señala posibles irregularidades en los nombramientos dentro de la SEPI. Camps sostiene que es esencial asumir la responsabilidad política en lugar de eludirla.

El Partido Popular ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), situando a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, Salvador de Foronda, portavoz del PP, criticó los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa, señalando que estos préstamos no eran donativos y cuestionando su legalidad. De Foronda destacó que mientras muchas pymes luchaban por sobrevivir, algunas empresas privilegiadas recibían apoyo financiero sin cumplir con los requisitos necesarios. Además, advirtió sobre indicios de blanqueo de dinero y pidió una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la SEPI.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. En un reciente Comité de Dirección, Bravo criticó al Gobierno por utilizar dinero público en beneficio de intereses políticos y aseguró que se pedirá explicaciones en el Senado. Destacó la conexión entre corrupción y gestión económica del Gobierno de Sánchez, señalando que los rescates representan un "cóctel completo de corrupción". Además, mencionó el inicio del juicio por el caso Ábalos-Koldo, donde los acusados enfrentan graves cargos. Bravo también abordó el aumento de impuestos y la crisis de vivienda bajo la actual administración.

El Partido Popular (PP) ha señalado en la Comisión de Investigación del Apagón que la responsabilidad recae en Red Eléctrica Española (REE), pero la culpa es del Gobierno. Miguel Ángel Castellón, portavoz del GPP, criticó a la ministra Sara Aagesen por no haber tomado medidas ante el aumento de episodios de sobre tensión en los últimos años. Castellón destacó que el sistema eléctrico es cada vez más frágil debido al diseño del mix energético y cuestionó el gasto elevado para asegurar el sistema, que recae en los ciudadanos. Además, instó al Gobierno a ser transparente y a asumir responsabilidades por los apagones, afirmando que su falta de autocrítica demuestra su incapacidad para gobernar.

Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, ha anunciado que el Partido Popular citará por edicto a Julio Martínez Martínez, socio y posible testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, para que comparezca el 9 de abril ante la Comisión de Investigación del 'Caso Koldo-Ábalos'. García criticó el boicot del Departamento de Marlaska a las comparecencias anteriores de Martínez y afirmó que su testimonio podría revelar si Zapatero lo estafó o si ambos engañaron a los españoles con el rescate de Plus Ultra. Además, acusó a Zapatero y al actual gobierno de Sánchez de corrupción y de utilizar la guerra como una cortina de humo para desviar la atención sobre su gestión económica. El próximo miércoles se debatirá en el Senado un plan del PP para ayudar a las familias afectadas por la subida de precios.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha criticado a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, por no considerar elevar a emergencia nacional la situación provocada por la dana en Valencia el 29 de octubre de 2024, que resultó en 238 muertes. Durante una Comisión de Investigación, Monago destacó la falta de respuestas claras sobre las alertas y la coordinación entre organismos. Subrayó que existían indicios de lluvias torrenciales desde la mañana y cuestionó la decisión de Barcones de asistir a un evento internacional en lugar de gestionar la crisis. El PP exigirá documentación para esclarecer lo sucedido y enfatizó que el Gobierno debe actuar con responsabilidad ante emergencias de tal magnitud.

El diputado del GPP, Guillermo Mariscal, criticó en el pleno del Congreso la falta de responsabilidad del Gobierno tras el apagón que afectó al sistema eléctrico. Cuestionó por qué, si todo era "fantástico", se han realizado cambios costosos para los ciudadanos, como una operación reforzada que asciende a 1.100 millones de euros. Mariscal denunció la obstrucción por parte del PSOE y Sumar a la Comisión de Investigación sobre el apagón, lo que genera desconfianza en los ciudadanos hacia el Ejecutivo. Además, criticó la gestión de Red Eléctrica y su presidenta, Beatriz Corredor, señalando que su experiencia no es suficiente para abordar la crisis energética actual.

El Partido Popular (PP) ha denunciado la existencia de "padrinos" como José Luis Rodríguez Zapatero, María Jesús Montero y José Ábalos en los rescates "sin control" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a empresas como Plus Ultra y Air Europa. Durante la Comisión de Investigación, el senador Eloy Suárez destacó un patrón de influencia y conexiones que aceleraron la tramitación de ayudas, mientras criticó la falta de transparencia y documentos solicitados por parte de la SEPI. Además, cuestionó la validez de los informes utilizados para justificar estos rescates, subrayando posibles irregularidades y el impacto negativo en la credibilidad institucional. El PP exigirá auditorías operativas para cada expediente relacionado con estas ayudas.

El Partido Popular ha señalado irregularidades en el rescate de Plus Ultra, atribuyéndolas a gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE, el senador Juan José Sanz Vitorio expuso que estas irregularidades se produjeron gracias a un supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Se argumenta que la influencia del exmandatario en Venezuela permitió obtener un aplazamiento de la deuda de la aerolínea y facilitar su rescate mediante la SEPI. Además, se mencionó la creación de una sociedad pantalla relacionada con este proceso, donde gran parte de los fondos públicos habrían beneficiado a la familia de Zapatero. La comparecencia reveló conexiones entre las empresas familiares y el rescate, así como preguntas sobre posibles comisiones y vínculos societarios sin respuestas claras.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, afirmando que "ha dejado de ser la televisión pública de todos para ser Tele Pedro". La iniciativa busca examinar la dirección y finanzas del ente público, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar RTVE para beneficios políticos. García critica el aumento del presupuesto en un contexto de crisis económica y denuncia la falta de independencia periodística, así como la contratación externa que afecta la calidad informativa. La comisión tiene como objetivo responsabilizar a quienes hayan malgastado fondos públicos o manipulado procesos.

El Partido Popular ha señalado que los españoles enfrentarán un costo adicional de 1.700 millones de euros en sus facturas de electricidad debido al apagón ocurrido el 28 de abril del año pasado. Esta afirmación se realizó tras la comparecencia de Cani Fernández, presidenta de la CNMC, ante la Comisión de Investigación del apagón, donde reconoció que Red Eléctrica Española debía haber controlado la tensión para evitar el incidente. La senadora Teresa Mallada criticó la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión del sistema eléctrico, advirtiendo que los consumidores continuarán pagando por las consecuencias del apagón durante los próximos doce meses. Además, se cuestionó la decisión de no elaborar un informe sobre los responsables del apagón, lo que dificultará las reclamaciones por daños a las empresas eléctricas.

El Partido Popular ha denunciado el "secuestro político" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), acusando a su presidente, José Félix Tezanos, de estar alineado con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Vicente Tirado, portavoz del PP en la Comisión de Investigación del CIS, exige su dimisión para restaurar la credibilidad del organismo. Durante la presentación de un informe, Tirado destacó que el CIS se ha convertido en una herramienta de propaganda política y advirtió sobre la manipulación de datos sociológicos con fines partidistas. El PP propone un plan de regeneración que incluye medidas para asegurar la independencia y transparencia del CIS, enfatizando que este organismo debe servir al interés general y no a intereses políticos específicos.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá el 2 de marzo para rendir cuentas sobre su vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. García afirma que Zapatero está "hasta las cejas" de sospechas de corrupción y que deberá explicar los posibles beneficios obtenidos por este rescate, así como su relación con la dictadura de Maduro. La dirigente del PP critica también al actual presidente Pedro Sánchez, acusándolo de rodearse de corruptos y tejer una red de tráfico de influencias. Además, se mencionan otros testimonios clave en la investigación, incluyendo a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. García concluye que tanto Zapatero como Sánchez deberán asumir responsabilidades ante los españoles.

El Partido Popular ha denunciado en el Senado que Susana Sumelzo está involucrada en "conflictos de intereses y prácticas irregulares" relacionadas con adjudicaciones públicas a empresas de su familia, específicamente Sumelzo S.A. El senador Salvador Foronda expuso que entre 2019 y 2023, esta empresa recibió casi 40 millones de euros en contratos del Ministerio de Transición Ecológica y la Diputación de Zaragoza. Además, se reveló que Sumelzo, durante su tiempo como técnica en la Diputación, tenía vínculos con la empresa, lo que podría haber violado leyes de incompatibilidad. La denuncia incluye acusaciones sobre la creación de numerosas sociedades para concentrar contratos de renovables en manos familiares.