El PP alerta sobre irregularidades en el rescate de Air Europa por 475 millones

En la Comisión de Investigación de la SEPI

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado una “vía paralela” en el rescate que el Gobierno ha llevado a cabo para la aerolínea Air Europa. Durante su intervención, el senador José Manuel Hernando afirmó que existen “indicios claros de tratos de favor” y “enormes irregularidades” en la concesión de los 475 millones de euros provenientes del “bolsillo de todos los españoles”.

Esta declaración se produjo durante la comparecencia del exdirector de la Asesoría Jurídica de Globalia, Ramiro Campos, en la Comisión que investiga las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hernando destacó que hay documentación que sugiere un posible “tráfico de influencias por parte de altos cargos del Gobierno” para asegurar el éxito de esta operación.

Cuestionamientos sobre Air Europa Holding

El senador también puso en tela de juicio el papel desempeñado por Air Europa Holding, entidad receptora de los fondos, señalando que su naturaleza jurídica y funcional es “difícilmente compatible” con los requisitos establecidos para acceder a ayudas públicas. Según su opinión, el rescate evidencia una acumulación de “grandes irregularidades, anomalías y decisiones difícilmente justificables” en la tramitación y concesión de estas ayudas.

Además, Hernando cuestionó la estructura del rescate y la modificación en la solicitud inicial —que pasó de 400 a 475 millones—, sugiriendo que existen “circunstancias sospechosas” entre ambas fechas. También mencionó posibles incumplimientos legales, como no estar al corriente con las obligaciones tributarias, recordando informaciones sobre millonarias deudas que Globalia tiene con Hacienda durante momentos clave del proceso.

Censura al reparto de dividendos

El senador criticó el reparto de dividendos por parte del grupo empresarial en medio de una crisis, lo que a su juicio refuerza los indicios de fraude en el acceso a fondos públicos destinados a empresas con dificultades económicas. Hernando argumentó que este rescate “no puede explicarse bajo condiciones normales” y advirtió que si se confirman las irregularidades podrían derivarse responsabilidades graves.

Durante su exposición, también cuestionó el diseño financiero del rescate. Observó que el préstamo participativo —considerado prioritario según normativa— apenas superaba en un 1,5% al préstamo ordinario, lo cual representa una excepción a la práctica general del Fondo. Esta configuración podría haber evitado controles por parte de la Unión Europea, lo cual calificó como una “circunstancia cuanto menos sospechosa”.

Dudas sobre el manejo del dinero

Hernando subrayó las dudas sobre cómo se manejó el dinero dentro del grupo empresarial, indicando que Air Europa Holding actuó como intermediaria financiera entre el Estado y las aerolíneas operativas. Esto refuerza sus inquietudes sobre su elegibilidad como beneficiaria. Además, destacó un trato diferencial en las condiciones del rescate: el plazo para devolver los fondos se amplió hasta seis años —muy superior al estándar— y todo se resolvió en solo 70 días frente a una media habitual de 355 días.

En cuanto al procedimiento seguido, Hernando expresó sus dudas sobre la existencia previa de “contactos informales”, sugiriendo que el rescate podría haberse impulsado antes incluso de recibir formalmente la solicitud. En este contexto, exigió aclaraciones sobre una nota de prensa emitida anticipadamente que anunciaba avances en esta operación.

Exigencias sobre transparencia

Sobre los mensajes y comunicaciones que apuntan a una posible vía paralela para gestionar el rescate, José Manuel Hernando planteó la hipótesis sobre contactos personales y gestiones políticas dirigidas a desbloquear el expediente. Demandó aclaraciones respecto a la posible intervención de exministros como Nadia Calviño, María Jesús Montero o José Luis Ábalos.

Finalmente, emplazó al compareciente a esclarecer si hubo contactos informales o intermediaciones políticas durante todo el proceso y si este se desarrolló conforme a los cauces legales establecidos. Subrayó así la necesidad imperiosa de garantizar transparencia en la gestión de fondos públicos.

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