Esta vez, a través de una serie de enmiendas a la propuesta de directiva para la lucha contra la corrupción. En ellas, el portavoz europeo de VOX, Jorge Buxadé, pide que los Estados miembros incluyan en sus ordenamientos jurídicos “la prohibición de indultos generales y leyes de amnistía” que eviten el cumplimiento de las penas previstas para los delitos de corrupción.
Escándalo del Qatargate
Tras los diferentes escándalos de corrupción que han salpicado tanto a las autoridades nacionales y regionales de los Estados de la Unión, como a las instituciones comunitarias, fundamentalmente tras la trama de sobornos destapada por la policía belga en el seno del Parlamento Europeo, la Comisión Europea decidió proponer una directiva para luchar contra la corrupción a nivel de la UE. Y aquí es donde VOX ha pedido que se prohiban los indultos generales y las leyes de amnistía, además de restringir los indultos individuales para que sean debidamente justificados.
Ampliación del Concepto de Corrupción
La delegación de VOX en la Eurocámara pide asimismo que la nueva directiva contemple castigar la malversación y la corrupción tanto si el autor o autores de la misma se benefician económicamente o no. A este respecto, otra de las enmiendas presentada por Buxadé recomienda que se incluyan “no sólo los comportamientos en que, a cambio de decisiones ilegales o ilegítimas se obtenga dinero o favores económicos, sino cuando se obtengan igualmente favores políticos, a terceros Estados o a determinadas partes, grupos o colectivos del Estado, si las conductas favorecidas son especialmente graves”.
Transparencia y Lucha contra las Injerencias
En otras enmiendas, VOX apoya que la UE cuente con organizaciones independientes de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, pero pide que para garantizar esa independencia, los Estados miembros tomen “las medidas necesarias para evitar injerencias extranjeras ocultas”. Además, exige transparencia en la financiación de los medios de comunicación a través de la publicidad institucional para impedir “que ninguna administración pueda favorecer a los medios de su elección”.
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