En su escrito, la responsable jurídica del partido, Marta Castro, denuncia que, durante la sesión plenaria del 19 de septiembre, la presidente de la Cámara Baja permitió el uso de lenguas españolas regionales que no eran conocidas por todos los diputados de la Cámara, antes de que se modificara el reglamento para emplear las diferentes lenguas de manera indistinta y fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Es decir, el uso de otras lenguas, no conocidas por el total de los diputados del Congreso, se realizó sin cobertura legal y sin poder certificar la autenticidad de las interpretaciones, “impidiendo así el correcto ejercicio de representación democrática”. “Y sin provocar nada más que la indiferencia a la presidente de la Cámara”, apostilla la formación en su escrito.
La formación señala que Armengol actuó “al margen de la legalidad, a sabiendas, y con clara voluntad de infringirlo -el reglamento del Congreso- “, a pesar de que “fue advertida de forma expresa por diputados del Grupo Parlamentario VOX de las infracciones que se estaban cometiendo”. Por el contrario, la presidente de la Cámara Baja continuó con la sesión «permitiendo y alentando los hechos, incluso participando en ellos”.
Así, debido a la “indiferencia” de Armengol, resultaron vulnerados cuatro artículos del reglamento del Congreso (6.2; 70.3; 60.1; 103.2) así como el Artículo 3 de la Constitución Española.
En su escrito, VOX argumenta que la presidente de la Cámara “conocía de antemano que su decisión no obedecía a la aplicación de los principios que deben presidir su actuación como presidente del Congreso”.
En definitiva, para la formación que preside Santiago Abascal, “queda probado el sesgo ideológico o el interés partidista que indebidamente impregna las decisiones de la presidente”.
Por todo ello, Castro ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que interrogue a Armengol; libre de oficio al Congreso para que verifique la veracidad de las pruebas aportadas por VOX; y solicite el Diario de Sesiones del 19 de septiembre; la copia total del expediente, es decir, la proposición inicial e informes técnicos y jurídicos que se pusieron a disposición de la Presidencia del Congreso y de la Mesa del Congreso y de todos los diputados en la tramitación de la reforma del Reglamento.
Además, el partido que lidera Abascal ha pedido la copia del acuerdo adoptado por la Presidencia del Congreso o la Mesa del Congreso autorizando el uso de lenguas distintas del español en la sesión de 19 de septiembre, y la resolución, o resoluciones, por las que se ordenó la contratación del servicios materiales y personales de traducción; copia de los contratos suscritos con terceros para la adquisición del material y contratación de intérpretes; certificado de disposición presupuestaria; facturas emitidas al Congreso; y órdenes de pago.
Por último, Castro solicita que se oficie a la Mesa del Congreso a fin de dar cuenta de la infracción del Código de Conducta por parte de la presidente.
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