Prisión provisional. Esta es la decisión que ha tomado este jueves el juez de la Audiencia Nacional (AN), Joaquín Gadea, para Fernando Presencia, exjuez y director de La Voz de Talavera. Presencia está imputado como presunto cabecilla de una organización criminal que se dedica a elaborar "denuncias mendaces" sobre numerosas autoridades, incluidos magistrados del Tribunal Supremo (TS). El objetivo de estas denuncias es captar donaciones supuestamente destinadas a la lucha anticorrupción, pero en realidad buscan el "enriquecimiento ilícito propio".
Este mismo jueves, Gadea ha acordado lo solicitado por Fiscalía, que había pedido esa medida cautelar debido a la apreciación de riesgo de fuga, comisión de otros hechos delictivos y ocultación de fuentes de prueba.
Según su declaración de este jueves, el auto indica que Presencia sigue creyendo que es magistrado en activo. "Es llamativo observar la confianza con la que mantiene esta postura, a pesar de las dos sentencias condenatorias que ya han sido emitidas, sin mostrar ningún tipo de conexión", señala Gadea.
"Lo más incoherente es que se presenta un halo de impunidad en esta condición de magistrado, lo cual une especialmente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción", según su opinión.
La Policía Nacional detuvo a Presencia el miércoles por la tarde, después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ordenara su busca y captura. Horas más tarde, fue puesto a disposición judicial debido a su falta de comparecencia en la cita programada para ese día.
Fue en este momento en el que le comunicaron la imputación por dos nuevos delitos --blanqueo de capitales y alzamiento de bienes--, que se suman a la larga lista de ilícitos por los que ya venía siendo investigado, entre ellos organización criminal, estafa agravada e injurias, era el objetivo de dicha comparecencia.
El instructor ha tomado la misma decisión que con los tres imputados que sí comparecieron el miércoles --Alberto Royuela, su hijo Santiago y Juan Martínez Grasa--, de esta forma. En su caso, se señala a posibles delitos de estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y organización o grupo criminal.
"Una organización o grupo criminal, con roles definidos y posiciones determinadas, ha sido confirmada por la investigación realizada por Gadea. Esta organización tiene una vocación de permanencia y está liderada por Fernando Presencia, quien habría creado una estructura con el único propósito de enriquecimiento ilícito propio y de algunos miembros cercanos a través de la difusión de noticias falsas".
Bajo la cobertura de la asociación ACODAP, se afirma que Presencia y los Royuela desempeñarían un papel crucial en la creación de las "denuncias y documentos mendaces" que las acompañan. Luego, junto con Juan Martínez, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, quienes tampoco estuvieron presentes, se encargarían de presentar denuncias ante varias instituciones. Lidia Reina, quien también estuvo ausente ayer, jugaría un papel clave en la distribución de estas denuncias en Internet y otros canales.
"Las maquinaciones son puramente maliciosas"
"Existen múltiples indicios", afirma el juez, que llevan a la conclusión de que las denuncias presentadas por ACODAP eran simplemente "meras maquinaciones". Según Gadea, estos indicios permiten inferir que ACODAP era solo un instrumento utilizado por un grupo de personas para obtener recursos y lucrarse, simulando así combatir la corrupción.
ACODAP, según se indica, podría ser el medio corrupto a través del cual sus miembros y parientes, incluyendo a su presidente Fernando Presencia, se enriquecerían. A pesar de haber sido separado de la carrera judicial y carecer de ingresos, Presencia se beneficiaría de esta situación. Además, se sugiere que la supuesta intención de luchar contra la corrupción no sería más que un reclamo falso para atraer contribuciones y donaciones anónimas.
Relata el instructor que, como parte de este "engaño", se utilizaban denuncias falsas contra las altas instituciones del Estado y otros representantes públicos. Estas denuncias eran consideradas el componente necesario para continuar con la lucrativa actividad que les proporcionaba altos rendimientos. La difusión de estas denuncias a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación era un paso "indispensable" en la amplificación del "engaño".
En junio de 2022, Gadea inició una investigación basada en una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso. La denuncia fue presentada contra Presencia debido a las afirmaciones realizadas sobre magistrados del Tribunal Supremo, incluyendo al entonces presidente y al Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Antes de eso, Presencia había sido denunciada ante el CGPJ por el Supremo por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no tienen ninguna relación con la "verdad" sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.
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