El Partido Popular ha decidido llevar a todos los ayuntamientos de España una moción que exige al Gobierno la ampliación de la protección para las familias que reciben la prestación por el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, conocida como CUME. Esta propuesta, que ya había sido presentada y aprobada en el Senado mediante enmiendas a la reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia, fue vetada por el Gobierno y el PSOE en la Mesa del Congreso.
La iniciativa registrada en los municipios propone que tanto la prestación como el permiso correspondiente se puedan extender más allá de los 26 años, siempre que el hijo se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65 % o presente una gran dependencia y requiera cuidados directos, continuos y permanentes.
Desde el PP se argumenta que alcanzar una determinada edad no significa que desaparezcan automáticamente la enfermedad, la discapacidad o la necesidad de cuidados. Por ello, solicitan una modificación legislativa urgente para evitar que estas familias pierdan su protección únicamente porque sus hijos han alcanzado el límite de edad establecido actualmente.
Reclamo por derechos y recursos
“Una enfermedad grave no desaparece al cumplir 26 años y la protección pública tampoco puede hacerlo. Ninguna madre ni ningún padre debería verse obligado a elegir entre cuidar de su hijo o conservar su empleo y sus ingresos”, declaró Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.
Además, la moción exige al Ejecutivo garantizar una financiación adecuada y estable para asegurar que cualquier ampliación de la prestación tenga respaldo presupuestario y no se convierta en un derecho meramente formal.
La propuesta también busca adaptar la CUME a las realidades asistenciales actuales, reconociendo situaciones como la hospitalización domiciliaria y atención ambulatoria especializada. Asimismo, incluye medidas para reducir la burocracia, establecer criterios comunes para las mutuas y entidades gestoras, fomentar la corresponsabilidad entre progenitores y revisar los casos de familias que ya han perdido esta ayuda por haber alcanzado el límite de edad.
Un veto que afecta a muchas familias
El Partido Popular había planteado estas mejoras en protección a través de enmiendas al proyecto de ley sobre Discapacidad y Dependencia en el Senado. Sin embargo, estas fueron vetadas por el Gobierno bajo el argumento del incremento del gasto. A pesar de que el veto fue levantado gracias a la mayoría absoluta del PP en dicha cámara, las enmiendas fueron bloqueadas nuevamente por la Mesa del Congreso controlada por PSOE y Sumar.
Para los populares, esta reacción del Gobierno evidencia una falta de previsión y recursos suficientes para implementar adecuadamente la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia. “No se pueden prometer nuevos derechos sin Presupuestos ni recursos adecuados”, advirtió Fúnez.
Frente al veto gubernamental, el PP reafirma su compromiso llevando las demandas de las familias CUME a cada rincón del país. “No pedimos privilegios; exigimos que la protección se mantenga mientras persista la enfermedad y sea necesario continuar con los cuidados”, concluyó Fúnez.
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