La propuesta del Ejecutivo es que este impuesto grave con un tipo impositivo del 3% los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. En concreto, en caso de llegar a ser aprobado, el tributo se aplicará a las empresas dedicadas a estas actividades que registren ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España. El objetivo del Gobierno es que el tributo entre en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que su liquidación tenga lugar a final del año en este primer ejercicio.
DEBATE EN EL CONGRESO
Durante el debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la creación del impuesto con el fin de reforzar el Estado del bienestar, permitiendo a los ciudadanos “coger el ascensor social”, así como actualizar la fiscalidad a una economía digitalizada.
En la misma línea, la ministra argumentó que la crisis del Covid-19 hace necesario sostener el Estado del bienestar mediante “un sistema fiscal justo y progresivo” que actúe como “pegamento social” y redistribuya la riqueza, además de acercar la recaudación tributaria de España a la de la media de la zona euro.
En segundo lugar, argumentó que “el mundo ha cambiado” y que “cada día la economía es más digital”, y que actualmente existe “en la mayor parte del mundo una fiscalidad analógica en una economía digital”. “La fiscalidad actual está pensada para la economía de hace 20 años”, afirmó, destacando la necesidad de crear nuevas figuras fiscales.
En este sentido, la titular de Hacienda aseguró que la ‘tasa Google’ tiene como objetivo gravar a compañías “que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él”, aportando actualmente “escasa o nula tributación”, al tratarse de “grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios”. Así, destacó que el impuesto no tendrá ningún tipo de impacto sobre las pymes y que “no grava las actividades minoristas de comercio electrónico o las ventas entre particulares”.
Por otro lado, Montero resaltó que esta norma tendrá “carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo”, ya que en estos momentos se trabaja en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la propia Unión Europea para crear este impuesto, que, en cualquier caso, “ya ha entrado en vigor en otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Hungría”.
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
En defensa de las enmiendas de totalidad, por parte del PP, el diputado Javier Bas consideró “razonable la naturaleza del impuesto” pero si su creación tiene lugar en el marco de la OCDE o de la UE, por lo que señaló que su implementación en España “no es oportuna”, advirtiendo que no será eficaz si no está armonizado con el resto de países y que “las empresas verían perjudicada su competitividad”. Así, denunció que la creación del tributo responde a un “afán recaudatorio” por parte del Ejecutivo y que el objetivo de este es crear un “escudo fiscal”.
En nombre de Vox, Rodrigo Jiménez criticó la creación de este nuevo impuesto al considerar que penaliza fiscalmente la digitalización de la economía, frenando la inversión extranjera. “Están dando un paso de gigante para impedir el desarrollo digital en España”, afirmó en este sentido, agregando que el impuesto supondrá un obstáculo para mejorar la competitividad y la creación de empleo y que, además, su coste será asumido por los usuarios.
Por parte de Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez se mostró a favor de crear este tipo de impuestos, pero criticó la urgencia del Gobierno para crearlo en estos momentos y abogó por esperar al consenso internacional sobre la implantación de esta nueva figura, destacando que, de lo contrario, Estados Unidos podría tomar represalias contra España.
RESTO DE GRUPOS
En nombre de Unidas Podemos, Txema Guijarro criticó la oposición de PP, Vox y Ciudadanos al impuesto, al considerarlo “un desprecio al bienestar de nuestro pueblo” en una situación de “consenso” sobre la importancia de los servicios públicos y la necesidad de consolidar el Estado del bienestar, reforzándolo con un mayor gasto público.
Por parte de ERC, Joan Margall destacó la necesidad de “una reforma fiscal progresiva” con “profundos” cambios en las figuras ya existentes y la creación de otras nuevas como la ‘tasa Google’, por lo que criticó a “los patriotas de pulserita” que se oponen a este impuesto y defienden bajadas fiscales en el contexto actual de crisis. Por otro lado, reclamó que la recaudación del tributo sea participada al 50% por Cataluña y permita más recursos para la financiación de los servicios públicos por parte de las comunidades autónomas.
Por Junts per Catalunya, Ferran Bel indicó su voto en contra de las enmiendas de totalidad y se mostró favorable al impuesto, al señalar la “desconexión” entre la actividad de las empresas a las que gravará y la fiscalidad actual, pero pidió cambios en la propuesta del Gobierno para que no se le ponga la misma carga fiscal a aquellas empresas que no tienen presencia ni generan en empleo en España que a aquellas que sí lo hacen.
Íñigo Errejón, de Más País, consideró “muy pertinente” el impuesto, al resaltar que con la crisis del coronavirus se ha puesto de manifiesto que ciudadanos y empresas “miraron al Estado” para recibir Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y prestaciones, demostrando la necesidad de que el Estado tenga recursos. Así, criticó a quien “pone el cazo y cuando hay que contribuir silba”, y denunció “el pitorreo” que supone que las grandes empresas tecnológicas tributen al 2% en el Impuesto de Sociedades, frente al 25% de las pymes, y que Netflix pagase 3.146 euros en impuestos en 2018, el mismo valor de 20 suscripciones a su servicio.
En cuanto a Compromís, Joan Baldoví ensalzó “la valentía demostrada hoy” por la ministra “con estas grandes empresas”, por lo que se mostró a favor de la creación del impuesto para que las grandes empresas “paguen impuestos como hace la España que madruga” y criticó que PP, Vox y Ciudadanos consideren que “ahora no toca”.
Por parte del PNV, Idoia Sagastizabal defendió la creación del impuesto ante el retraso del acuerdo a nivel europeo “por motivos políticos y económicos de unos pocos” como “Luxemburgo e Irlanda”, a quienes criticó sus “prácticas de impuestos agresivas” y de ‘dumping fiscal’. Asimismo, destacó la necesidad de adaptar la fiscalidad a la digitalización de la economía e indicó que “el avance de la tecnología no puede basarse en reducir la tributación, sino en la innovación”. Por último, recordó que este tipo de empresas digitales se han beneficiado durante el confinamiento provocado por el Covid-19 y que, en caso de que el coste del impuesto se traslade al cliente, también ocurrirá cuando haya un acuerdo a nivel global.
Por la CUP, Mireia Vehí consideró “una buena noticia” este impuesto para que “pague quien más tiene”, señalando que “la red es un espacio donde la riqueza se acumula” y que el “capitalismo de plataforma” permite que empresas como Amazon, Glovo y aplicaciones como Facebook, Telegram o Whatsapp “acumulen miles de millones de beneficios a costa de la ciudadanía”, y abogó por aumentar el tipo impositivo del 3% propuesto por el Gobierno a un 5%.
En nombre de UPN, Carlos García también mostró su preferencia por un impuesto armonizado en el seno de la UE o de la OCDE, ya que, de lo contrario, su creación en España “afectará a las empresas y ciudadanos”.
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