Recientemente, la Justicia chilena ha dado un paso significativo al abrir la primera causa destinada a procesar a los presuntos responsables de la separación de bebés de sus madres y su entrega irregular en adopción a personas en el extranjero durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió desde 1973 hasta 1990. El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ha ordenado el encarcelamiento de cinco individuos acusados de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en relación con la adopción irregular de dos menores provenientes de la comuna de San Fernando, entregados a matrimonios extranjeros durante la década de 1980.
El caso revela un entramado complejo que involucra a abogados, sacerdotes católicos, miembros de organizaciones sociales, funcionarios del sector salud y una jueza. Estos actores estaban implicados en la identificación y entrega en adopción de menores cuyas madres eran económicamente desfavorecidas, a parejas extranjeras previo pago que podría alcanzar los 50.000 dólares, según un comunicado emitido por el Poder Judicial.
Un oscuro legado
Se estima que durante el régimen pinochetista, aproximadamente 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias en otros países. Las investigaciones judiciales han revelado que médicos, trabajadores sociales y jueces formaban parte de esta red, manipulando a mujeres en situaciones vulnerables para que entregaran a sus hijos poco después del nacimiento o incluso haciéndoles creer que habían fallecido.
Un ejemplo conmovedor es el caso de Juana Raquel Orias Blanco, quien tras dar a luz a su primera hija en Temuco esperó cuatro décadas para descubrir que su niña no había muerto como le habían informado, sino que fue dada en adopción inmediatamente después del parto y terminó en Suecia. Este relato es solo uno entre miles.
Investigaciones en Suecia
Un reciente informe encargado por el Gobierno sueco a investigadores independientes señala que entre las décadas de 1970 y 2000, miles de niños fueron extraídos ilegalmente de sus países para ser adoptados por familias suecas. Durante este periodo se llevaron a cabo adopciones irregulares sin el consentimiento parental, muchas veces basadas en documentos falsos que ocultaban la identidad real de los menores provenientes no solo de Chile, sino también de naciones como Colombia, Corea del Sur, China y Sri Lanka.
A lo largo del extenso documento se detalla cómo se ejecutaban estas adopciones ilegales: algunos niños fueron declarados muertos; otros fueron dados en adopción por personas ajenas o por padres engañados sobre las implicaciones legales al ceder sus derechos parentales.
Responsabilidad estatal
La evidencia presentada permite concluir que tanto el Gobierno sueco como el actual primer ministro, Ulf Kristersson, han tenido conocimiento sobre estas irregularidades desde hace al menos dos décadas. Sin embargo, optaron por desentenderse del asunto en lugar de investigar adecuadamente y buscar justicia para las víctimas.
La relatora especial Anna Singer destacó que “los actores suecos implicados en las adopciones no actuaron con la firmeza necesaria ante las irregularidades detectadas”. Además, acusó al Estado sueco de perpetuar violaciones a los derechos humanos, haciendo referencia al tráfico infantil y demandando una prohibición total sobre las adopciones internacionales junto con una disculpa oficial hacia las familias afectadas.
Análisis crítico
A pesar del informe presentado esta semana en Estocolmo como resultado de investigaciones previas publicadas por el diario Dagens Nyheter en 2021, algunas organizaciones ya habían alertado años atrás sobre las irregularidades presentes en las adopciones internacionales. Sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas por las autoridades competentes.
Aunque Kristersson estuvo al tanto entre 2003 y 2005 mientras presidía Adoptionscentrum —la agencia más grande dedicada a adopciones internacionales en Suecia— se mostró indiferente ante las denuncias relacionadas con tráfico infantil. En ese contexto defendió públicamente la adopción internacional argumentando que ofrecía una mejor vida para los niños comparada con lo que podrían haber tenido en su país natal.
No obstante, actualmente ha manifestado que no se descarta ofrecer una disculpa oficial del Estado a quienes fueron adoptados irregularmente. Asimismo, calificó los hallazgos del informe como “información muy seria” que será revisada detenidamente por su administración antes de tomar decisiones al respecto.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 20,000 |
Menores separados de sus madres durante la dictadura de Pinochet. |
| 50,000 |
Dólares pagados por adopciones irregulares. |
| 1,400 |
Euros propuestos como estipendio para visitar países de origen. |
Si (
No(
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