El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva legal contra las ciudades santuario al presentar una demanda contra cuatro localidades de Nueva Jersey: Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken. Esta acción judicial se basa en acusaciones de que estas ciudades obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración, violando así la cláusula de supremacía de la Constitución.
El asistente del fiscal general en funciones, Yaakov Roth, calificó las políticas adoptadas por estas ciudades como un «ataque frontal a las leyes federales», argumentando que ponen en riesgo la seguridad pública y dificultan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La demanda busca obtener medidas cautelares para detener las políticas santuario que impiden el acceso de ICE a las cárceles.
Reacciones de los alcaldes afectados
Los alcaldes de las ciudades demandadas han expresado su rechazo a la acción legal. Ras Baraka, alcalde de Newark, descalificó la demanda como «absurda», defendiendo que sus políticas fomentan la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local. Baraka destacó una disminución del 61 por ciento en los homicidios en su ciudad como evidencia del éxito del enfoque santuario.
Por su parte, Ravi Bhalla, alcalde de Hoboken, y Andre Sayegh, alcalde de Paterson, también han criticado la demanda. Bhalla acusó al gobierno federal de «anarquía», mientras que Steven Fulop, alcalde de Jersey City, afirmó que sus políticas reflejan «valores que protegen a las familias».
Este litigio se produce en un contexto marcado por tensiones entre la administración Trump y jurisdicciones progresistas que resisten la colaboración con ICE. Además, sigue a protestas recientes, incluyendo arrestos en un centro de detención de ICE en Newark, donde Baraka y otros activistas fueron detenidos durante una manifestación.
Tensiones sobre políticas migratorias
A medida que avanza esta batalla legal, el debate sobre la seguridad pública y la autoridad federal se reaviva. Las políticas santuario son objeto de controversia; mientras los críticos las asocian con delitos graves, los defensores argumentan que protegen a los inmigrantes y mejoran las relaciones entre comunidades y fuerzas del orden.
La demanda del DOJ refleja un esfuerzo más amplio por forzar el cumplimiento a través del sistema judicial. Este movimiento podría redefinir el equilibrio entre los gobiernos federal y local en materia migratoria. La administración Trump ha reiterado su compromiso con hacer cumplir estrictamente las leyes migratorias y eliminar completamente las ciudades santuario si es reelegida.
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